La Cancillería Boliviana espera que el Reino de España le informe sobre la situación de los bolivianos que fueron víctimas de la red de tráfico de personas que fue desarticulada con la finalidad de ayudar a las investigaciones.

Son 77 las personas detenidas en España, entre las cuales existen bolivianos, indios, italianos, mexicanos y libaneses. Sin embargo, aún no se conoce la cantidad de bolivianos que fueron sorprendidos en el país europeo con identidad falsa.

Por esta razón, la Cancillería pidió a España, por medio de la Embajada Boliviana, un informe sobre la investigación que se realizó para desarticular esta organización internacional de tráfico de personas y sobre la situación de los nacionales implicados.

Fuentes de la Cancillería informaron a EL DEBER que aún no se ha recibido un reporte oficial de las autoridades españolas y que esto podría demorar algunos días.

La directora general de Lucha Contra la Trata y Tráfico de Personas, Carola Arraya, manifestó que aún no conocen a detalle el operativo ejecutado por la Policía de España; pero que, desde Bolivia, colaborarán con las investigaciones una vez se remitan los informes del caso.

“Lo único que sabemos es sobre la organización criminal, que se tienen detenidos y que se ha secuestrado dinero y otras pertenencias. Sin embargo, no hay información sobre los inmigrantes a los que se hace referencia. Es una información delicada y esperemos a que la Cancillería pueda obtener información oficial”, agregó.

Investigación de España

Según los medios internacionales, la Policía de España inició la investigación de este caso en el año 2022 luego de que se detectó un incremento del flujo de inmigración irregular de ciudadanos de origen indio-pakistaní y la utilización de España como país de paso hacia México, con el objetivo final de llegar a Estados Unidos o Canadá.

La organización criminal tenía establecidos dos circuitos: uno para introducir inmigrantes paquistaníes e indios en Estados Unidos y Canadá, y otro para llevar bolivianos a España, a quienes les cobraba entre 8.000 y 10.000 euros (entre 8.700 y 10.900 dólares).

Según las investigaciones, la facción especializada en la inmigración de ciudadanos bolivianos contaba con captadores y agencias en Bolivia que organizaban el viaje hasta Turquía o Egipto, donde se entregaban pasaportes españoles de ciudadanos nacionalizados de origen boliviano.

En total, 77 personas fueron capturadas, de diversas nacionalidades, entre ellas española, italiana, libia, boliviana y mexicana, en varias ciudades españolas. Los seis dirigentes de la organización estaban entre los arrestados.

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