La audiencia de medidas cautelares del gobernador de Potosí, Jhonny Mamani, por fin logró instalarse la mañana de este lunes, luego de seis suspensiones por diferentes motivos. La autoridad departamental debe responder por el caso de las ambulancias fantasmas.
El procedimiento se realiza en el juzgado Segundo de Ejecución en lo Penal de la Villa Imperial. La Fiscalía pide detención domiciliaria para el titular y advierte un daño económico de 1.435.000 bolivianos, equivalente a la póliza de cumplimiento de contrato.
La imputación advierte riesgo de fuga y obstaculización al proceso, debido a que una funcionaria de la Gobernación habría inducido a regularizar firmas de algunos de los miembros de la comisión de calificación.
Mamani debía ser cautelado desde el 4 de agosto; dos meses después, recién se vuelve a instalar la audiencia. Antes fue suspendida por casos de Covid-19, ausencia de abogados y la falta de un espacio adecuado para su realización.
El 28 de septiembre se suspendió por sexta vez el actuado y ahora se prevé que se prolongue algunas horas, tomando en cuenta que se revisará documentación sobre el contrato para la compra de las 41 ambulancias, que luego fue anulado por incumplimiento.
Documentos advierten que la compra se pactó de manera irregular con una empresa sin experiencia y a la oferta más alta. Además, Mamani dio como recibidos estos bienes cuando no habían llegado al país; después, anuló la compra, pero no cobró la boleta de garantía a la empresa, Stefals Logistics.