La consultora contratada por la Fiscalía para la pericia informática sobre las frustradas elecciones de 2019, analizó solo uno de los cuatro componentes que abordó “la auditoría integral” de la Organización de Estados Americanos (OEA) y que el gobierno de Evo Morales prometió respetar. Siendo canciller, Diego Pary, destacó en ese momento la calidad de los 30 especialistas que llegaron al país, entre ellos expertos en grafología para detectar autenticidad de firmas de los jurados en las actas electorales.

El Ministerio Público, que solicitará el sobreseimiento de los acusados en el caso fraude, optó por desconocer los resultados de esa pericia. “Sinceramente, no conozco la hoja de vida de quienes realizaron el pronunciamiento por parte de la OEA, pero sí conozco la solvencia del equipo consultor que hizo esta pericia encargada”, dijo el secretario general de la Fiscalía, Edwin Quispe.

Se refirió así al documento que presentó el grupo de investigadores de Deep Tech Lab de Bisite de la Fundación General de la Universidad de Salamanca. La entidad cobró algo más de $us 31.000 por este trabajo, reveló el funcionario del Ministerio Público. Este informe está firmado por tres personas: Juan Manuel Corchado, un doctor en inteligencia artificial y ciencias de la informática y dos estudiantes.

El documento de 212 páginas refleja que la metodología empleada por los consultores fue el “análisis forense” de la evidencia informática que colectó la Fiscalía. En la página 10, referida al ámbito de alcance, precisa que “todos los análisis han sido llevados a cabo con las evidencias cursantes en el cuaderno de investigación y que fueron proporcionados por el Ministerio Público de Bolivia”, sin tener contacto con los servidores del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

Para el ingeniero informático Edgar Villegas no hay evidencia de un trabajo de campo. “Uno puede inferir que no ha sido in situ, porque si hubiese sido así, eso estaría especificado en el informe”, señaló a EL DEBER.

Tras haber leído el reporte de los consultores de la Universidad de Salamanca, Villegas identificó tres falencias en esa pericia. La primera, “la extemporaneidad” del informe. “¿Qué nos garantiza que la infraestructura informática y la data se han mantenido intactas desde 2019?”, dijo.

En segundo término, el profesional indicó que “se ha realizado este estudio bajo las condiciones y metodología de la Fiscalía”.

Una tercera observación, señalada por Villegas, tiene que ver con la ausencia de información de las actas físicas que se adulteraron. Además, indicó que “la OEA halló 1.575 actas que se introdujeron del TREP (Transmisión Rápida de Resultados Electorales Preliminares) al cómputo oficial”.

“Esto desbarata totalmente el argumento de que el TREP y cómputo oficial, eran sistemas independientes”, remarcó.

La OEA puso en duda los resultados del último 5% del cómputo, equivalente a 290.402 actas. Mostró un inusual ingreso masivo de actas provenientes de un servidor no autorizado por el TSE. Estos accesos ilícitos están incluidos en el informe de la Universidad de Salamanca, incluso se menciona que alguno de ellos representó “un riesgo crítico”. Aun así, este reporte afirma que fue “altamente improbable” la manipulación de los datos porque para hacerlo, apunta el reporte, tendría que haber “una coordinación”.

Los especialistas de la OEA estudiaron 333 actas cuestionadas y detectaron graves irregularidades como la falsificación de firmas y la alteración de esos documentos en favor del MAS. La consultora contratada por la Fiscalía no analizó la falsificación de firmas ni la cadena de custodia del material electoral, puesto que en varias ciudades, pero especialmente en Tarija y Potosí, las ánforas de votación terminaron incendiadas o echadas en la basura.

Pary, que estuvo como embajador ante el organismo interamericano por más de nueve años, precisó en 2019 que el acuerdo con la OEA tenía que ver con cuatro ejes del proceso electoral de manera que sea integral. Así, los peritos realizaron una evaluación de la autenticidad de las actas electoras, la fiabilidad del proceso informático, la estadística con proyecciones de votos y la custodia.

Tras descartar ese informe de la OEA, la Fiscalía buscó sin éxito la cooperación estatal de entidades homólogas en otros países para hacer la pericia informática que usó para descartar la “manipulación dolosa” de datos que había detectado la OEA en 2019, admitió ayer el secretario de esa entidad.

El politólogo Marcelo Arequipa considera que “no se puede cerrar un caso político con una acción legal”. El MAS tuvo que cerrarlo con la elección de 2020, apuntó.

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