Alcaldes de la provincia cochabambina de Chapare serán citados a declarar ante la comisión de fiscales que investiga un caso de supuesto tráfico de armas y los móviles del asesinato múltiple que sucedió el 13 de noviembre en la comunidad Pukamayu, informó ayer el viceministro de Régimen Interior, Jhonny Aguilera.
La autoridad reveló que la pesquisa está asociada al movimiento de armamento que hubo entre esa zona del trópico de Cochabamba y el bloqueo evista que se instaló en Parotani, ubicada a 40 kilómetros de la capital cochabambina y que duró por el lapso de 24 días.
Los seguidores del expresidente Evo Morales protagonizaron una medida de presión y resistieron violentamente el 25 de octubre y el 1 de noviembre la intervención policial. Los manifestantes emplearon explosivos que provocaron lesiones en 27 policías y varios periodistas. El Gobierno denunció entonces que había un movimiento armado en esa zona.
El 12 de noviembre, un militar resultó herido por un explosivo en la carretera que fue desbloqueada. La Policía alertó sobre la presencia de explosivos sembrados en la ruta y pidió precaución.
Dos días después, el 14 de noviembre, la policía detuvo al dirigente Humberto Claros, quien estuvo presente en el bloqueo de Parotani. Fue enviado a prisión preventiva tras ser acusado por la Fiscalía del delito de terrorismo.
Mientras se producían esos operativos, otro grupo de policías se desplazó al municipio de Colomi para recuperar los restos de cinco personas que habían sido torturadas y asesinadas por comunarios de Pukumayo, donde supuestamente se acopiaban armas para un eventual alzamiento.
Aguilera dijo que los victimados fueron enterrados en lugares lejanos para culpar a otras autoridades y a militares con el fin de encubrir el crimen. También hay nombres de dirigentes del trópico que podrían ser convocados.
En Pukamayu fueron victimados Trinidad Muñoz Pardo, su esposo Thadashi Loroña Mendoza, Auristela Loroña Mendoza y los militares Juan Carlos Román y Cristian Serna, este último recibió más de Bs 20.000 para entregar fusiles FAL a los lugareños. El trato se produjo durante el conflicto evista, pero el uniformado no cumplió y tras ello fue ejecutado.
Los restos de cuatro fueron encontrados en una fosa. Sin embargo, Cristian Serna todavía no fue hallado. Aguilera aseguró que Juan Carlos Román era oficial de la FAB y Cristián serna del Ejército. “Vendían” armas de reglamento y sobre este caso, el Ministerio de Defensa aún no se pronunció.
Aguilera confirmó que ya existe un detenido y hay otros tres identificados que serán capturados. El fiscal de Cochabamba Osvaldo Tejerina confirmó que los fallecidos fueron torturados y perdieron la vida por disparos.
El senador y dirigente cocalero, Leonardo Loza, negó que exista alguna relación entre las muertes de Pukamayu con una supuesta venta de armas para alentar los bloqueos evistas. Es más, descalificó las pesquisas. “Es otro guion, otro teatro armado por el Gobierno de Lucho Arce. Esperamos que se esclarezca y que no se use a esas víctimas para favorecer al Gobierno”, dijo Loza ayer en una conferencia de prensa.