Los alcaldes de Achocalla, Manuel Condori Quispe y de La Paz Iván Arias fueron citados a declarar en la Fiscalía de La Paz que investiga el desborde del río Pasajahuira y la mazamorra que provocó ese hecho. Dentro de este caso también está el empresario Luis Iturralde Moreno, quien aguarda en Perú le fecha para ser trasladado a Bolivia.

Condori Quispe fue el primero en declarar y llegó pasado el mediodía y permaneció en la fiscalía hasta las 15:30 aproximadamente.  “No hay declaraciones a la prensa, por favor”, dijo su asistente a tiempo de empujar a los medios de comunicación y el alcalde salió corriendo del edificio estatal.

El alcalde de Achocalla está acusado de haber autorizado el movimiento de tierras en proximidades del cementerio Los Andes, que es propiedad de la empresa Kantutani; ese movimiento de tierras tapó el curso del río Pasajahuira que terminó desbordándose y llevando toneladas de tierra que se convirtió en una mazamorra que no dio tiempo a la pequeña Camila de escapar y murió enterrada por el lodo.

El municipio negó que hubiera otorgado el permiso para la remoción de tierras y admitió que el cementerio está dentro de sus límites; pero más abajo del cementerio se alzan las construcciones de Bajo Llojeta y eso está en los límites del municipio de La Paz, por eso están involucrados ambos municipios.

En el caso de la Alcaldía paceña está acusada de haber autorizado las construcciones en aires del río Pasajahuira. Las casas afectadas fueron edificadas en proximidades del río y por tanto estaban en peligro desde un principio. El Alcalde de La Paz estaba citado para prestar su declaración a las 14:30, sin embargo continúa en la Fiscalía.

El municipio paceño aseguró que la mayor parte de las casas construidas en zonas deleznables son ilegales y que no tiene personal suficiente para la fiscalización. En La Paz existe un mapa de riesgos que indica qué zonas son propensas a derrumbes y dónde se puede edificar; pero nadie toma en cuenta ese mapa a la hora de construir sus propiedades.

Paradójicamente, los dos municipios denunciaron a la empresa Kantutani y a la constructora que movió el terreno para extender el tamaño del cementerio. Esta ladera de la ciudad está poblada de cementerios perpetuos y estos comparten los terrenos con familias que se asentaron en estas zonas.

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