Una declaratoria de desastre permitiría facilitar la ayuda internacional y mitigar los daños que podrían volverse irreversibles por efecto de los incendios forestales. Esa postura fue planteada por actores políticos, pero también por el Defensor del Pueblo. En primer momento, la viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, dijo que era una posibilidad, pero ayer su colega de Defensa Civil, Juan Carlos Calvimontes consideró que esos pedidos eran políticos.

“Están queriendo utilizar el tema de los incendios forestales con fines políticos y eso es lo que nosotros no podemos permitir y no podemos dejar que esto se politice”, dijo, pero luego reactivó el debate político que aún está vigente entre el Gobierno y el Legislativo.

“No creo que nos llegue ayuda internacional superior a estos recursos que están bloqueados en la Asamblea (...). Desbloqueen estos créditos, si nos hubieran dado estos créditos no hubiéramos llegado al nivel que hemos llegado, porque hubiéramos tenido mayores recursos para enfrentar este desastre no solo por temas naturales, sino porque también hay un componente político de por medio”, apostilló.

La Ley 602 de Gestión de Riesgo establece que se declara desastre nacional cuando la magnitud e impacto del evento causó daños de manera que el Estado no pueda atender con su propia capacidad económica o técnica, una situación en la que se requerirá asistencia internacional.

Cecilia Requena, senadora de Comunidad Ciudadana (CC), explicó que, en el caso de una declaratoria de desastre nacional, el Estado admite que fue rebasado por la situación actual y que es incapaz para lidiar con los incendios forestales. “Es evidente que el Gobierno quedó sobrepasado por la situación y además reaccionó de forma tardía en la declaratoria de emergencia del 7 de septiembre, cuando el fuego ya era incontrolable en la región de la Chiquitania”, dijo Requena.

A raíz de los incendios en Pando, Beni y, especialmente, Santa Cruz, Bolivia se declaró en emergencia nacional y activó medidas para mitigar el fuego y ayudar a la población. Esa acción no es suficiente para el Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya.

“Frente a esta situación de desastre natural, queremos exhortar al Presidente del Estado Plurinacional (Luis Arce), de la manera más respetuosa, que pueda declarar desastre nacional. En el marco de la Ley 602 de Gestión de Riesgos. No podemos permitir que nuestra casa esté llegando a un estado de cenizas, porque el avance del fuego está depredando, está destruyendo totalmente la biodiversidad en nuestro país”, lamentó Callisaya.

El Defensor del Pueblo recordó que presentó una acción popular por la inacción o ejecución de medidas insuficientes de más de 12 autoridades. Dicha medida judicial ya tuvo su primera audiencia que concedió tres medidas cautelares.