La defensa jurídica del expresidente y líder del Movimiento Al Socialismo (MAS), Evo Morales, consideró este jueves que se busca meter "palo, gases y bala" a los bloqueadores mediante la acción popular presentada por el exdiputado Amílcar Barral en contra de ese exmandatario y del ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, por el actual bloqueo de carreteras.

El pasado martes, Barral informó que presentó una acción popular constitucional en contra de Morales y Del Castillo “por incitación pública a delinquir y por incumplimiento de deberes”, respectivamente.

Mediante este recurso judicial “estamos pidiendo que se detenga a los instigadores (de los bloqueos), entre ellos Evo Morales, y se levanten los bloqueos, (es decir) que el ministro actúe como lo hace con otras regiones o gremios que no son parte del Gobierno ni mucho menos del MAS”, explicó entonces el exlegislador.

El miércoles se conoció que una sala constitucional de La Paz admitió dicho recurso legal y que convocó a una audiencia pública virtual para las 10:30 del viernes 26 de enero.

Este jueves, el exprocurador y abogado del MAS, Wilfredo Chávez, dijo que están “extrañados” de que se haya admitido el recurso de manera “tan a priori” y en un “tiempo récord” sin observaciones.

Pero, “políticamente hablando, ¿qué es lo que quieren hacer usando esta acción popular?, ¿qué pretenden? Pretenden que un juez les diga: 'metan palo y gases a los bloqueadores', para eso quieren esta acción popular, para acallar al pueblo, para usar mecanismos represivos, para tener una autorización legal de meter, un poco más, bala a la población”, agregó.

Sin embargo, “rechazamos esta acción jurídica política orquestada por agentes de la derecha gobernantes en este momento”, apuntó.

Desde el pasado lunes, sectores sociales afines al expresidente Evo Morales cumplen un bloqueo indefinido de carreteras en algunos puntos del país en demanda de la renuncia de los magistrados prorrogados y la convocatoria inmediata a nuevas elecciones judiciales.

A primeras horas del cuarto día del conflicto, la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) registró 22 puntos de bloqueo distribuidos en Cochabamba, Potosí, Oruro y Santa Cruz.

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