La división del MAS pasó al plano de la retórica frente a las postulaciones de los fiscales Roger Mariaca, William Alave, o de los magistrados prorrogados Olvis Egüez, Nuria González, la consejera Sandra Soto o el exmagistrado Rudy Flores, para la Fiscalía general del Estado. Todos ellos fueron apoyados por las dos facciones.

Estos postulantes, son parte del grupo de 42 abogados que aún están en carrera para ocupar el máximo cargo del Ministerio Público, proceso que debe concluir hasta el 23 de octubre con la posesión de la nueva autoridad electa.

La diputada María Elena Pachacute (CC) que es parte de la Comisión Mixta de Justicia Plural, instancia que está a cargo del proceso de preselección, declaró a EL DEBER, que a pesar de ser los más impugnados, los fiscales Mariaca (con siete impugnaciones) y Alave (con tres), además de al menos cinco prorrogados del Órgano Judicial, gozan de la protección del MAS, “en complicidad con algunos diputados de Creemos de Santa Cruz”.

“Lo más probable es que en las próximas etapas (del proceso) ellos (asambleístas del MAS) sigan favoreciendo (a estos postulantes). Ellos, tanto evistas como arcistas, se unen para lograr los dos tercios. Aquí no se ha visto la supuesta división que quiere hacer creer el MAS”, afirmó la legisladora.

De la lista de 42 habilitados a la fase de exámenes orales y la presentación de sus planes de trabajo, los más visibles son Roger Rider Mariaca Montenegro, fiscal de Santa Cruz, quien enfrentó una serie de acusaciones y denuncias del diputado arcista Rolando Cuéllar (MAS) por la presunta comisión de legitimación de ganancias ilícitas, entre otros delitos.

Otro postulante observado y protegido del MAS, es William Eduardo Alave Laura, fiscal de La Paz, uno de los principales impulsores de los juicios contra la expresidenta Jeanine Añez y el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho.

Junto a ellos están los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Olvis Egüez Oliva y Nuria Gisela Gonzáles Romero, que son parte de los tribunos prorrogados en sus cargos del Órgano Judicial que constitucionalmente fenecieron el 31 de diciembre de 2023. Similar caso es el de la consejera del Consejo de la Magistratura Sandra Cinthia Soto Pareja.

Otro polémico postulante es el exmagistrado del Tribunal Constitucional Ruddy José Flores Monterrey, quien, junto a sus colegas, en 2017, dictó la Sentencia Constitucional 0084 que habilitó al expresidente, Evo Morales y a su vicepresidente, Álvaro García, a repostularse de forma indefinida, bajo el argumento de que era un “derecho humano” esa repostulación indefinida.

Sobre el actual presidente del TCP, Paul Franco Zamora, que aspiraba a ser Fiscal general, éste fue inhabilitado “porque no cumplía, los ocho años de experiencia específica en materia penal”, que es parte de los requisitos comunes y específicos de la Ley 1579 del proceso de preselección y designación de Fiscal general del Estado.

El jefe de bancada de CC, Enrique Urquidi, afirmó a EL DEBER que a pesar que en esta fase, sus colegas masistas se unen y usan su rodillo para habilitar a sus postulantes favoritos, la figura no será la misma en la sesión de la Asamblea Legislativa, cuando le toque al pleno elegir por dos tercios a la nueva autoridad. Al MAS no le alcanzarán los dos tercios, aseguró.

“Está claro que el MAS entre evistas y arcistas no llegan a los dos tercios que se requieren para la designación del nuevo Fiscal general, lo que quiere decir, que por supuesto, se va a requerir de un consenso entre todas las fuerzas políticas para lograr los dos tercios”, afirmó Urquidi.

Por el momento, se espera que la Comisión Mixta de Justicia Plural termine su trabajo de preselección, tras lo cual, las bancadas trabajaran en la búsqueda de consensos para designar al nuevo Fiscal.

De acuerdo al cronograma la comisión encargada del caso está en la octava fase del proceso con la valuación de méritos de los 42 habilitados. El puntaje de esta fase de evaluación es sobre 120 puntos, según el senador Roberto Padilla que presidente la Comisión Mixta de Justicia Plural.

“Se está evaluando la cátedra universitaria, experiencia en materia penal, si tiene maestrías, diplomados, los libros que han escrito, los artículos de su autoría en materia de derechos constitucional, penal y derechos humanos”, explicó el asambleísta.

 

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