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El Congreso Plurinacional de Educación llega a su fin este viernes, en medio de debates, críticas y el compromiso del Ministerio de Educación de avanzar hacia mejoras en el sistema educativo del país. Desde el lunes, más de 680 delegados se reúnen en Tarija para analizar y proponer ajustes a la Ley 070 "Avelino Siñani - Elizardo Pérez", vigente desde 2010.
El ministro de Educación, Omar Veliz, afirmó que las mesas de trabajo han concluido con avances importantes, aunque reconoció ciertos contratiempos durante las plenarias generales.
“Ayer logramos aprobar el diagnóstico de la educación en Bolivia. Hoy estamos retomando los debates para finalizar con las conclusiones en horas de la tarde”, indicó este viernes 29.
Veliz también denunció incidentes ocurridos cerca del recinto del Congreso. “Hemos visto mítines y actos que buscaron interrumpir el desarrollo del evento. Estas acciones incomodaron a los vecinos y generaron tensiones que nos obligaron a entrar en cuarto intermedio anoche”, señaló.
A pesar de los esfuerzos por avanzar, el Congreso ha sido objeto de críticas por parte de maestros urbanos, padres de familia y cívicos, quienes cuestionan la representatividad y el enfoque del evento.
Irma Ríos, ejecutiva de la Federación de Trabajadores de Educación Urbana de Tarija, calificó el Congreso como “politizado” y denunció que las propuestas de los educadores no han sido priorizadas.
“El Congreso debería enfocarse en solucionar problemas estructurales como la falta de presupuesto, infraestructura y actualización curricular. Sin embargo, parece dirigido a mantener el control político en el sistema educativo”, expresó Ríos.
Por su parte, Osmar Cabrera, secretario ejecutivo de la Federación de Maestros Urbanos de Santa Cruz, lamentó que no se estén planteando cambios profundos en la Ley 070. “El oficialismo se resiste a debatir propuestas que podrían transformar verdaderamente la educación en Bolivia. Necesitamos inversiones reales en infraestructura, equipamiento y mallas curriculares”, declaró.
El sector de padres de familia también expresó su descontento. Franklin Arancibia, dirigente de este grupo, cuestionó la falta de inclusión en el Congreso.
“De los más de 600 delegados, solo 12 representan a los padres de familia. La mayoría son organizaciones sociales alineadas con el Gobierno”, criticó.
Entre las principales demandas destacan la asignación de más recursos económicos al sector educativo, la creación de nuevos ítems para maestros y la mejora de la infraestructura escolar.
El Congreso cerrará con la presentación de ajustes a la Ley 070. Según William Mendoza, presidente del presidium, el evento no busca reemplazar la normativa vigente, sino adaptarla a las necesidades actuales. “Estamos haciendo una readecuación curricular y presupuestaria para fortalecer la educación en igualdad de condiciones”, aseguró.
Se espera que las conclusiones finales sean publicadas en las próximas horas.