El consejo de ministros que se realizará este martes debatirá la posibilidad de que el 17 de octubre sea declarado feriado con suspensión de actividades. Ese martes se realizará el denominado cabildo de la unidad, organizado por las organizaciones que son afines al Gobierno de Luis Arce.

“Tenemos conocimiento de que existe una normativa ya vigente en el país sin suspensión de actividades laborales, no existen la suspensión, no obstante, es un tema que probablemente vayamos a discutir mañana en el consejo de ministros de manera conjunta con nuestro presidente”, dijo el ministro de Gobierno, Carlos Eduardo Del Castillo, en un encuentro con la prensa.

Las organizaciones afines al gobierno ya convocaron a un cabildo en la ciudad de El Alto y se prevé la presencia de funcionarios públicos y las organizaciones de las 20 provincias, principalmente. La realización de ese evento es en un día laboral, martes.

La Ley 424 del 17 de octubre de 2013 declara a esta fecha como, “Día de la Dignidad Nacional” en todo el territorio nacional y deja a iniciativa de los gobiernos subnacionales la organización de eventos que recuerden este día.

“El Órgano Ejecutivo y las entidades territoriales autónomas, en el marco de sus competencias, realizarán actividades en homenaje y conmemoración al Día de la Dignidad Nacional”, señala el parágrafo segundo de esta ley corta.

El propio jefe del MAS, Evo Morales, censuró ácidamente la realización de esta convocatoria y dijo que el Gobierno llenará el mismo con funcionarios públicos que serán obligados a asistir. Morales estilaba convocar a todos los funcionarios púbicos a sus actos, ya sean en la sede de Gobierno o en otro departamento. Durante su gobierno se llegó a obligar a viajar a funcionarios desde La Paz hasta Santa Cruz.

El Gobierno de Arce no es distinto, aunque las convocatorias son más discretas y se realizan de manera interna en cada ministerio. Según el relato de los propios funcionarios, en varias de las entidades los empleados públicos que asisten lo hacen solicitando permiso “a cuenta de vacaciones”, pero solo en el caso de los que tienen ítem; aquellos funcionarios que tienen contratos deben asistir bajo advertencia que no se renovará el mismo.

Los organizadores del cabildo ya lanzaron la cifra de 1 millón de personas que asistirían a esta convocatoria y sus detractores se apresuraron a manifestar que será gracias a la obligatoriedad que tienen los funcionarios públicos.

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