A menos de 90 días de las elecciones Judiciales y en puertas de dejar sus cargos, los magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), toman distancia del presidente Luis Arce y le quitan el salvavidas que representaba para su Gobierno la realización del referéndum.
Con sus dos últimas acciones, los magistrados del TCP marcan distancia de los arcistas: no dar una respuesta rápida a la acción de inconstitucionalidad que presentó el diputado Juan Jáuregui que buscaba habilitar a Arce para convocar a un referéndum constitucional; y segundo, que este mismo Tribunal declaró “improcedente” la intención de Arce de convocar a esa consulta popular.
Abogados constitucionalistas y expertos en política ven que esta situación agravó el conflicto social por la falta de dólares y la escasez de combustible, hechos que derivan en el incremento de los precios de los productos de la canasta familiar. A ello, se suman los anuncios de protestas de sectores evistas y los pedidos de que se adelanten las elecciones generales. Además, ven que Arce, sin gobernabilidad en el Legislativo, enfrenta su peor momento y está entre la espada y la pared.
El abogado constitucionalista, José Luis Santistevan, identificó tres factores que agravan la situación del actual Gobierno y ponen en riesgo la estabilidad de la democracia: las acciones equívocas del Ejecutivo de pretender hacer un referéndum “inconstitucional”, la falta de gobernabilidad sin respaldo desde el Parlamento y un Ejecutivo débil sin la capacidad de plantear soluciones a la crisis, y el alejamiento de los magistrados del TCP, cuyas horas están contadas en sus cargos.
“Uno puede percibir que los magistrados auto prorrogados del Tribunal Constitucional ya se están cuidando, están cuidando su libertad y su futuro como magistrados porque van a tener que responder y se están protegiendo de no caer más en la comisión de delitos a través de fallos judiciales, porque ellos saben que van responder en algún momento. Nadie es eterno en el poder”, dijo Santistevan.
Además de aquello, el constitucionalista Santistevan ve que la postura del TCP es porque el Gobierno de Arce no garantizó sus cargos por al menos unos dos o tres años más.
“Su auto prórroga les va a durar casi un año porque después de las elecciones Judiciales del 1 de diciembre, los resultados saldrán en cinco días y ellos ya tienen que ir preparando sus maletas para irse para que juren otros. Las diferencias han surgido por el incumplimiento de promesas”, agregó Santistevan.
En los últimos años, el TCP sacó resoluciones, fallos y sentencias que favorecían directamente al Ejecutivo y anulaban las atribuciones del Legislativo, como por ejemplo, una medida cautelar congeló la atribución de interpelar a los ministros de Arce (agosto 2023).
En dos ocasiones, el TCP suspendió la competencia del presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, para convocar a sesiones de la Asamblea Legislativa. La primera fue en diciembre de 2023 y la segunda en junio de este año, cuando el diputado Jáuregui presentó al TCP un recurso de nulidad y en cuestión de horas los magistrados emitieron una resolución que declaraba nula la convocatoria de Rodríguez. En esa sesión más de dos tercios del Senado y Diputados, dejó sin efecto la prórroga de los magistrados.
No obstante, desde agosto, el romance entre el Gobierno y el TCP parece haber llegado a su fin, ya que la última acción que presentó Jáuregui, la que pretendía habilitar a Arce a convocar a un referéndum constitucional, no tuvo la respuesta exprés que esperaba el Gobierno y Jáuregui. Y la última estocada fue la del 29 de agosto que declara la “improcedencia de la consulta de preguntas para referendo realizada por el presidente”.
“El Gobierno ya no tiene garantías en el TCP para establecer medidas contra la Asamblea Legislativa, junto a esto, el Gobierno perdió toda credibilidad por sus ministros, por ejemplo, la actuación del ministro de Justicia (Iván Lima) al querer forzar un referéndum inconstitucional. Con todo lo que hace, el Gobierno se quedó sin una pizca de credibilidad para seguir gobernando. Debería reflexionar, escuchar a los verdaderos sectores productivos y asumir medidas económicas concretas”, dijo Santistevan.
Para el historiador y analista, Pedro Portugal, el distanciamiento del TCP se debe justamente a que el Gobierno de Luis Arce ingresó en una espiral de conflictos sociales que no parecen tener una solución más que el acortar su mandato constitucional.
“Este alejamiento es el reflejo de lo que coloquialmente se dice de las famosas ratas que abandonan el barco cuando se está hundiendo. El aparato estatal ya no es nada sólido ni solvente y esto se va a reflejar en todo el aparato institucional, no solo en el judicial”, afirmó Portugal.
El experto señaló que con esta crisis económica, política y social, Arce enfrenta las consecuencias de sus propias dudas y falta de capacidad de solucionar en su momento los conflictos internos de su partido, como por ejemplo, mantener en agenda el tema de la relección cuando ya existe una sentencia constitucional al respecto; mantener intacto el modelo comunitario social productivo de Morales, y mantener el sometimiento ideológico socialista a nivel internacional, hecho que cada vez aísla más a Bolivia.
“Arce está enfrentando su momento más difícil, fruto de las dubitaciones por la presión internacional y la fidelidad a su programa. Arce cede constantemente y le está dando más soga a Evo Morales y él no va a dudar en utilizar esa soga para colgarlo definitivamente”, dijo Portugal y agregó que si esta situación continúa la única salida será adelantar las elecciones.
“No veo otra manera de solucionar. Arce ante la disyuntiva de eliminar o no la subvención, y ya ni siquiera por presión de la población ni de los políticos si no como un escape de su propio gobierno, va a ser adelantar las elecciones”, agregó.
El abogado constitucionalista, Carlos Goitia, señaló que el TCP ahora actúa con cautela con las acciones que realiza el Gobierno porque vio que el mismo ya se encuentra en su fase final, es decir, está de salida. “Ya no tenía sentido” realizar el referéndum y consultar a la gente sobre la subvención de los hidrocarburos, cuando esas medidas económicas ya deben estar plasmadas en la ley financial, faltando dos meses para el fin de año y para que sean tomadas en cuenta en las proyecciones económicas del próximo año.
“El TCP ha tomado en cuenta ese desfase y ha asimilado que las preguntas no eran viables y ha encontrado una falla en el procedimiento técnico, el pretexto para no entrar el tema de fondo y devolverle las preguntas al Ejecutivo e inviabilizar este referéndum”, afirmó el experto.
Para Goitia, el gobierno en los casi cuatro años en el poder no supo demostrar que tiene la capacidad de solucionar la crisis económica, hecho que cada vez le aleja más de su intención de reelegirse, intención que más allá de favorecerlo, hace que los conflictos se agraven cada vez más. “Debe asumir que es un gobierno de minoría, que ya empezó su etapa de transición, caso contrario va a seguir alimentando conflictos que van ligados al acortamiento de mandato”.
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