Las diligencias para la extradición a Estados Unidos del exdirector de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) Maximiliano Dávila avanzan en tiempo récord. Sin embargo, el trámite tropezó con un proceso judicial que está pendiente de ser resuelto en el país y que no es, precisamente, por narcotráfico.

El último jefe antidroga en la era de Evo Morales guarda detención preventiva desde el 24 de enero de 2022 en la cárcel de San Pedro tras ser acusado de legitimación de ganancias ilícitas. En la imputación El exjefe policial realizó viajes a Colombia y Brasil, se detectaron movimientos bancarios de más de $us. 40.000 que no supo explicar en su declaración y es propietario de varios terrenos, un patrimonio que no es equiparable con los ingresos que percibe como policía.

Manolo Rojas, abogado de Dávila, afirmó que antes de hablar de extradición, la justicia debería resolver el proceso que su defendido mantiene pendiente en el país y que se tiene llegar a juicio del cual estima espera que pueda instalarse el próximo año

“El artículo 5 del Tratado de 1995 establece que el que está siendo solicitado para la extradición tuviera un proceso pendiente con Bolivia pues primero debe resolverse ese proceso porque no vaya a ser que esté involucrado en los mismos hechos, supuesto narcotráfico, supuesta legitimación”, manifestó Rojas a EL DEBER.

Pero, ayer y en menos de 24 horas de conocerse la resolución suprema, el TSJ notificó a las 08:30 horas a la Fiscalía General del Estado con la extradición a EEUU de Dávila, y hasta el final de la presente edición, solo quedó por notificar a Régimen Penitenciario y al Juez Cautelar que está a cargo de expedir el mandamiento correspondiente para tal efecto.

Al respecto, el viceministro de Seguridad Ciudadana, Roberto Ríos, informó a EL DEBER que una vez sea emitido el auto supremo a ambas partes, el TSJ ordenará a que expiren la encarcelación con fines de extradición del exjefe antidroga. Luego, el documento tiene que ser enviado a Interpol para que se pueda coordinar con sus pares de EEUU y se proceda con la entrega del requerido.

“Paralelamente, mediante la Cancillería, se tienen que hacer las gestiones correspondientes para la extradición. Se tienen que hacer las gestiones consulares correspondientes para que en su defecto EEUU pueda enviar su avión para la extradición, es una posibilidad, otra es que manden a sus policías a fin de recogerlo. De repente, lo más efectivo sea el envío de una aeronave”, explicó.

Ríos insistió en que es importante conocer el contenido formal del auto supremo, para ver si existe un planteamiento como un escenario si es que el proceso contra Dávila por legitimación de ganancias ilícitas debe continuar una vez cumpla con la condena en el país que lo está requiriendo.

“Emitido el Mandamiento de Excarcelación, Interpol Bolivia debe coordinar con INTERPOL de Estados Unidos la hora y fecha para la ejecución del mandamiento de excarcelación y entrega del señor Dávila a las autoridades Estados Unidos”, señaló el Ministerio de Gobierno en un comunicado.

El Tratado de Extradición entre Bolivia y Estados Unidos fue suscrito el 27 de junio de 1995 y ratificado mediante la Ley 1721 el 6 de noviembre de 1996. Este acuerdo regula la entrega de personas requeridas por la justicia de uno de los países para ser juzgadas o cumplir condenas por delitos como terrorismo, narcotráfico, asesinato, secuestro, entre otros.

El procedimiento comienza con una solicitud formal de extradición, que debe ser presentada por escrito y acompañada de documentación justificativa, como la descripción física del acusado, evidencia de su culpabilidad y copias certificadas de la acusación o sentencia, según sea el caso.

Una vez recibida, la solicitud es revisada por las autoridades judiciales del país requerido, quienes determinan si se cumplen los requisitos legales. Si la extradición es aprobada, la persona detenida es entregada al país solicitante “a través de un proceso coordinado por las autoridades diplomáticas y judiciales de ambos países”, según establece los artículos IV y VI del convenio internacional .

Maximiliano Dávila es acusado por el Tribunal de Distrito del Distrito Sur de Nueva York por una asociación delictuosa para importar sustancias controladas y asociación delictuosa para el manejo de armas relacionadas con narcotráfico, según el expediente a las que accedió esta casa rotativa. Ambas acusaciones están respaldadas por el Código de los Estados Unidos, que contempla penas severas, incluyendo cadenas perpetuas.

El primer cargo establece que Dávila conspiró para importar más de cinco kilogramos de cocaína a Estados Unidos, infringiendo las secciones 952, 959, 960 y 963 del Título 21 del Código de los Estados Unidos. Esta categoría de sustancias controladas está clasificada como de “alto potencial de abuso”, lo que agrava las penas, fijadas entre 10 años de prisión como mínimo y cadena perpetua, es decir un encarcelamiento por el resto de su vida.

El segundo cargo lo acusa de asociación para usar y portar ametralladoras y otros dispositivos destructivos durante actividades de narcotráfico. Según la sección 924 del Título 18 del Código de los Estados Unidos, estas acciones implican penas que pueden oscilar entre 30 años y la cadena perpetua, dependiendo del uso específico del armamento.

Manolo Rojas afirmó que una vez sean notificados por el TSJ se presentará una complementación y enmienda al auto supremo, porque sostiene que hay cosas oscuras que le  gustaría que se aclaren por parte del Tribunal, para luego plantear un amparo constitucional, porque en su criterio se estarían cometiendo vulneraciones.

“La falta de notificación, ya sea con las pruebas que mandó Nueva York, sea también con la solicitud de formal de EEUU para la extradición. Entonces, básicamente nos están llevando a ciegas a un proceso no conocemos los hechos. Sabemos los tipos penales que son tráfico de sustancias controladas, la portación de armas, pero no conocemos los hechos cómo, cuándo y en qué lugar se dieron esos hechos”, aseveró el jurista que patrocina a

El abogado argumentó que su defendido es inocente de los delitos por el que es acusado en Estados Unidos y adelantó que en caso salga libre de las denuncias que pesa en su contra en Bolivia, Maximiliano Dávila se presentará voluntariamente en EEUU con la única finalidad de demandar al Estado boliviano, porque utilizaron un caso de investigación para fines políticos y acusarán a quienes se beneficiaron y especulado con este caso.

“Hablo de políticos bolivianos, quienes han cometido confabulación en territorio norteamericano. Por ahora y por estrategia legal no vamos a mencionarlos, pero por supuesto, estas personas se van a poner nervioso y van a salir a la prensa para hablar cualquier macana”, agregó.

Al respecto, Ríos respondió que la defensa buscará herramientas para victimizarse e incluso ingresar en chicanearías jurídicas para distraer el foco de atención como es la extradición.

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