El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) autorizó ayer la extradición de Maximiliano Dávila a Estados Unidos, quien fue el último director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) de la era Evo Morales en el poder.

La Sala Plena del TSJ aprobó con el voto de siete de los nueve vocales, la extradición del exjefe policial, informó el presidente de la entidad judicial, Marco Ernesto Jaimes Molina, quien además reveló —sobre la base del análisis de los delitos por los que se le imputa a Dávila— que el policía arriesga una condena de entre 20 años de prisión a cadena perpetua.

“Los delitos que se atribuyen por Estados Unidos para que este ciudadano sea juzgado en el Tribunal de Distrito del Distrito Sur de Nueva York son asociación delictuosa para importar sustancias controladas y asociación delictuosa para el manejo de armas relacionadas con narcotráfico. El primer delito tiene una pena de 20 años a cadena perpetua. El segundo delito, 10 a 20 años”, dijo el magistrado.

El Tratado de Extradición entre Bolivia y Estados Unidos fue suscrito el 27 de junio de 1995 y ratificado mediante la Ley 1721 el 6 de noviembre de 1996. Este acuerdo regula la entrega de personas requeridas por la justicia de uno de los países para ser juzgadas o cumplir condenas por delitos como terrorismo, narcotráfico, asesinato, secuestro, entre otros

El procedimiento comienza con una solicitud formal de extradición, que debe ser presentada por escrito y acompañada de documentación justificativa, como la descripción física del acusado, evidencia de su culpabilidad y copias certificadas de la acusación o sentencia, según sea el caso.

Una vez recibida, la solicitud es revisada por las autoridades judiciales del país requerido, quienes determinan si se cumplen los requisitos legales. Si la extradición es aprobada, la persona detenida es entregada al país solicitante “a través de un proceso coordinado por las autoridades diplomáticas y judiciales de ambos países”, según establece los artículos IV y VI del convenio internacional de 1995.

“Lo primero, se procederá con la notificación correspondiente a la Fiscalía General, al Juzgado Cautelar, que está a cargo de expedir el mandamiento correspondiente a este efecto. Como consecuencia de ello, serán cumplidas las notificaciones vía diplomática al Estado requirente”, señaló al precisar que este trámite se hará a través de la Cancillería de Bolivia.

Jaimes dijo, en ese sentido, que no se pueden precisar plazos para que la persona sea “puesta en frontera” como establecen estos mecanismos de extradición.

El viceministro de Seguridad Ciudadana, Roberto Ríos, señaló que el Gobierno dará curso a la extradición de Maximiliano Dávila luego de que el Tribunal Supremo de Justicia confirmó este actuado, aunque una vez que se cumplan todos los mecanismos legales fijados en el Tratado de Extradición con Estados Unidos.

El tratado establece mecanismos claros para el traslado. Por ejemplo, en el caso de Bolivia, las solicitudes deben incluir documentos como una copia certificada de la orden de detención, mientras que Estados Unidos debe proveer evidencia que vincule al acusado con el delito. Además, el tratado prohíbe la extradición por delitos políticos y garantiza que no se aplicará la pena de muerte si esta no es aceptable en el país requerido, salvo con garantías específicas del Estado solicitante, según el apartado IV.

La solicitud de extradición fue formalizada por el gobierno estadounidense en septiembre de 2024, luego que Dávila fuera señalado como uno de los principales responsables de una red que refinaba cocaína en Bolivia, producida en países vecinos, para luego exportarla a Estados Unidos en alianza con carteles mexicanos.

Dávila fue aprehendido en enero de 2022 en Villazón, Potosí, cuando intentaba cruzar hacia Argentina; ha estado en prisión preventiva desde su captura. En un primer momento, fue detenido por legitimación de ganancias ilícitas y, en agosto de 2024, pero el TSJ ordenó su detención preventiva con fines de extradición.

“En el caso del delito por el cual se encuentra procesado y detenido Maximiliano Dávila Pérez en el Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, este es un delito que tiene una pena de 5 a 20, con un perdón, 5 a 10 años por legitimación de ganancias ilícitas. Consecuentemente, se ha considerado que la posible pena a imponerse en el Estado boliviano carece de relevancia con relación a la posible pena a imponerse en Estados Unidos”, explicó Jaimes respecto al fundamento jurídico que se aplicó en la resolución asumida ayer en la Sala Plena del TSJ.

Resolución
Los magistrados del TSJ Olvis Egüez y Edwin Aguayo fueron las dos autoridades judiciales que se opusieron a la resolución de extradición de Dávila.

“Narcovínculos”
Dávila fue director de FELCN específicamente entre 2018 y 2019. Tras la renuncia de Morales en noviembre de 2019, dejó el cargo, aunque se mantuvo vinculado a la Policía hasta 2021. Ese año fue comandante departamental de Cochabamba tras ser nombrado por Arce. Fue capturado en 2022.

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