Dos tercios de las listas de postulantes al Tribunal Agroambiental fueron copadas por funcionarios del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), del Tribunal Agroambiental o jueces agrarios. Son 33 postulantes habilitados para la siguiente fase.

Según las listas revisadas son nueve funcionarios del Tribunal Agroambiental, ocho jueces agrarios y siete funcionarios del INRA que buscan uno de los 10 puestos -cinco titulares y cinco suplentes- que tiene el ente.

Los funcionarios del Tribunal que llegaron hasta la Asamblea tienen hasta una decena de años de servicio en esos tribunales y son los que más ventaja tienen pues los cargos son de los “letrados” del Tribunal. El letrado es la persona de más alta confianza del magistrado pues es el que redacta y revisa las sentencias que se emitirán. Los letrados tienen a su disposición a “asistentes” que son los operadores de los tribunales.

Muchos de los letrados empezaron su carrera como funcionarios del INRA y luego pasaron al Agroambiental. En el caso de los jueces agrarios, estos conservan el puesto por años y solamente se cambian de una jurisdicción a otra.

El otro detalle que llama la atención es que al menos 20 de los 33 candidatos vienen de Potosí, Chuquisaca o Cochabamba, el resto de otros departamentos.

El ex director nacional del Inra, Juanito Félix Tapia García, que ejerció el cargo desde 2011 hasta 2014 es el que encabeza la lista. Luego de dejar ese cargo se vinculó al área agroambiental y trabajó en varios ministerios y desde 2022 es profesional de desarrollo normativo en el Tribunal Agroambiental y ahora es “letrado”, pero también ocupó el cargo de secretario general de ese alto tribunal.

Diputados

Como en el caso del Consejo de la Magistratura, al Agroambiental también acudieron los asesores del Legislativo, se trata de Roxana Chavez Rodas quien trabajó como Profesional I en la oficialía mayor de la Cámara de Diputados, es decir en la gestión de Jerges Mercado.

Según su hoja de vida entró a trabajar como responsable de “orientación a los ciudadanos que vienen a consultar sobre temas de tierras y medioambiente”.

También llegaron asesores de los ministerios como Angélica Barral Quintana quien trabajó en Gobierno y Justicia entre 2009 y 2017. Luego pasó a ser abogada de despacho en el TCP. Lucinda Mamani Cardona, es asesora de la gobernación de Potosí.

Veedores

La misión de Veeduría Ciudadana emitió su informe de la primera fase de preselección y puso énfasis en la comisión de Justicia Plural, que está a cargo de la preselección de los postulantes al Agroambiental y la Magistratura, porque tuvo más problemas a la hora de transparentar su trabajo.

Tardía reacción para digitalizar las hojas de vida de los postulantes; trabajo poco prolijo y hasta falta de acreditación a los veedores, son las observaciones que dejaron en estas semanas de trabajo. Aunque en la comisión mixta de Constitución observaron el error de colocar a tres candidatos habilitados como inhabilitados.

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