La última vez que Luis Arce Catacora realizó una declaración jurada sobre sus bienes fue el 2 de diciembre de 2019. En ese entonces, el ahora candidato a la Presidencia por el Movimiento Al Socialismo (MAS) documentó ante la Contraloría que contaba con nueve bienes y sus activos ascendían a un total de Bs 524.081.
Aquella declaración se dio en un contexto en el que salió a la luz el rumor de su supuesta candidatura y días antes de que el Gobierno de transición anunciara que el también exministro de Economía de Juan Evo Morales iba a recibir el salvoconducto para salir de Bolivia, hecho que se concretó el 6 de diciembre pasado.
Ahora el tema vuelve a relucir tras conocerse que la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) develó irregularidades en el manejo de recursos estatales en el Fondo de Desarrollo Indígena, desde donde supuestamente Arce y su esposa recibieron recursos no justificados y realizaron movimientos económicos irregulares por unos Bs 6 millones.
En 2019, Arce también declaró que el valor de sus deudas ascendían a Bs1,46 millones y sus rentas tenían un valor de Bs 145.210. Pero ni Arce ni su entorno se refirieron al tema, pese a las muestras de estar activos en las redes sociales mientras hacen campaña.
Lo que sí reluce es el pedido del masismo para que se destituya al procurador General del Estado, Alberto Javier Morales, quienes aprobaron desde las cámaras de Diputados y Senadores una resolución de objeción a la designación del Procurador, argumentando que como abogado ofició recursos contra el Estado en los últimos cinco años.
La investigación de la UIF detectó que el presidenciable del MAS recibió, entre 2011 y 2019, fondos de parte de seis funcionarios públicos por un total de Bs 310.647. Según la normativa vigente, ningún funcionario debe enviar dinero a ninguna autoridad superior.
Según el TSE, los candidatos tienen la obligación de presentar en calidad de declaración jurada que su postulación no esté comprendida en los casos de prohibición, de inelegibilidad e incompatibilidad establecidos en la Constitución Política del Estado; certificar la autenticidad de la libreta de servicio militar y tener conocimiento de dos idiomas oficiales, más no hace referencia a una declaración de bienes.