Organizaciones sociales que respaldan al expresidente Evo Morales, investigado por presunto estupro y trata de personas, cumplen este martes el segundo día del bloqueo de carreteras, que principalmente se ejecuta en el departamento de Cochabamba.

En el primer día de la protesta, el evismo cerró la carretera Cochabamba-Santa Cruz y un sector de la ruta hacia Sucre; sin embargo, durante la madrugada de este martes también logró bloquear la carretera hacia el occidente del país.

Uno de los puntos de bloqueo en esa vía fue instalado en Parotani en medio de enfrentamientos entre los manifestantes, que usaron petardos, cachorros de dinamita y piedras, y los policías, que con gases lacrimógenos intentaron impedir, al igual que el lunes, la protesta.

Según el mapa de transitabilidad de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), actualizado hasta las 07:37, tres nuevos puntos de bloqueo fueron instalados en la carretera hacia el occidente (entre Parotani, Bombeo y Pongo). Asimismo, se mantienen los bloqueos en la carretera Cochabamba-Santa Cruz (puente Ichilo) y en la ruta hacia Sucre y otros sectores (Cruce Vacas).

Esta medida de presión fue determinada el pasado fin de semana por el Pacto de Unidad del ala evista.

En el primero punto de su resolución, el Pacto de Unidad decidió “levantar el cuarto intermedio y convocar al bloqueo nacional de carreteras en todo el país, en cumplimiento al mandato de la Gran Marcha para Salvar Bolivia a partir del lunes 14 de octubre del 2024 (…) para resguardar la libertad, integridad y (evitar) el secuestro de Evo Morales”.

La dirigencia del evismo, asimismo, justificó que esta medida de presión se asume “por la corrupción, por la mala gestión pública, por la crisis económica, por la persecución política y por la protección al narcotráfico”, además por “el incumplimiento de su pliego petitorio del 3 de septiembre de 2024”.

El gobierno de Luis Arce convocó al expresidente Morales a dialogar el lunes en La Paz, pero no se presentó. 

Sin embargo, mediante sus redes sociales, Morales aseguró que el “gobierno traidor” de Arce “construyó una ruta judicial y violenta para acabar” con el denominado proceso de cambio.

Señaló que, a través de sentencias, buscan arrebatarle la sigla del MAS-IPSP a los movimientos sociales para proscribir a dicho instrumento político.

“Asimismo, pretenden inhabilitarnos a través de procesos judiciales y, finalmente, promover tal nivel de violencia legitimada, que resulte en episodios como el atentado contra la vida de Cristina Fernández. (Pero) no les tenemos miedo. El abuso y la violencia siempre encontraron en nosotros una respuesta democrática y nuestra candidatura representa la alternativa real que tiene el pueblo boliviano de salir de la crisis, como lo hicimos en 2005”, sostuvo.

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