Estalló la peor crisis en el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP). Los magistrados autoprorrogados pugnan por más poder en medio de una depresión institucional nunca vista antes en esa instancia. Ahora, existen dos presidentes en el TCP: uno que todavía firma los documentos, que Paul Franco, y otro que fue posesionado por cuatro magistrados. El Gobierno dijo que en el TCP hay una “crisis institucional” y espera que sea resuelta.
El lunes cuatro magistrados llegaron al TCP. Estaban presentes para la posesión del nuevo presidente del Constitucional. Se trataba de Gonzalo Hurtado, quien lleva una serie de acusaciones -una incluida al narcotráfico- y polémicos fallos recientes. Solo Hurtado y los cuatro magistrados estaban en su posesión. Faltaban los otros cuatro.
Uno de ellos es Paul Franco, quien hasta el lunes era el presidente del TCP. Ayer, este magistrado denunció que hubo “movimientos extraños” en la designación de Hurtado como cabeza de esta entidad. Incluso, Franco siguió firmando documentación como presidente del TCP.
En una carta enviada al ministro de Justicia y Transparencia, César Siles, Franco hizo mención de actos irregulares que se hubieran suscitado tanto en la designación de la Decanatura como de la Presidencia del TCP. Franco fue presidente de esta instancia desde el 21 de mayo de 2019.
Franco precisa en su nota enviada al ministro Siles que cumple agenda en un evento internacional referido al aniversario de la Carta Magna de Perú. El pronunciamiento de Franco surge horas después de que en la ciudad de Sucre una parte de la Sala Plena (solo cuatro magistrados) eligió a Gonzalo Hurtado como presidente ante la supuesta “ausencia injustificada” de Franco.
Ayer, el ministro Siles habló de una “crisis institucional” en el TCP y exhortó a los magistrados de esa instancia a resolver los problemas que atraviesa la institución, ante el presunto nombramiento irregular de una nueva Presidencia.
“Hemos recibido una carta (…), Paul Franco firma como presidente del Tribunal Constitucional. A su juicio, actos irregulares se hubieran suscitado, tanto en la designación de la Decanatura como de la Presidencia del Tribunal. Evidentemente, estamos en una crisis institucional que espero que al interior del Tribunal pueda resolverse inmediatamente. Nos adelantamos a exhortar a los miembros del Tribunal Constitucional, a los nueve magistrados, que de una vez por todas resuelvan esta crisis institucional”, dijo Siles ayer en La Paz.
El ministro explicó que el “presidente” de esa entidad, Paúl Franco, mediante la carta advirtió de “movimientos extraños” desde el 21 de noviembre hasta el 25 de noviembre, cuando se nombró una “decanatura y nueva presidencia”, incumpliendo las normas del Constitucional.
Durante la tarde del lunes, cinco de los nueve magistrados nombraron a Gonzalo Hurtado como presidente del TCP, pese a la ausencia de la máxima autoridad de esa institución judicial. Para el ministro Siles, Franco continúa ejerciendo como presidente del TCP y ratificó que actualmente está en Perú representando a Bolivia en un evento internacional.
“(Franco) es uno de los 14 expositores que a nivel mundial están hablando en el Séptimo Congreso de Derecho Constitucional, en la celebración del aniversario de la Constitución peruana”, detalló el titular de Justicia.
Ante este hecho, el ministro Siles advirtió que la Sala Plena del TCP sesionó sin cumplir el quórum e incurriendo en el incumplimiento de la normativa vigente.
“La única autoridad legitimada para convocar a sesiones, presidir sesiones y llevarlas a cabo es el Presidente del Tribunal (…). La figura de la Decanatura, que se empleó en esta oportunidad, no está prevista ni en la Ley del Tribunal Constitucional, ni en el Código Procesal Constitucional”, remarcó la autoridad.
Hurtado asumió la presidencia del TCP con el respaldo de cinco de los nueve vocales de la sala plena. El magistrado es cuestionado, junto a Yván Espada, de emitir una serie de polémicas resoluciones constitucionales, entre ellas, la postergación parcial de las elecciones judiciales.
Ambos forman parte de la Sala Cuarta del TCP, desde donde también se emitió la Sentencia Constitucional 0776/2024-S4, que reconoció válido el congreso arcista del Movimiento Al Socialismo (MAS) en El Alto y se eligió como presidente a Grover García, en reemplazo de Evo Morales.
Incluso, el exdirector de la policía antidroga Maximiliano Dávila, ahora preso en la cárcel de San Pedro de La Paz acusado por narcotráfico, vinculó a Hurtado en delitos de tráfico de drogas y favorecimiento a narcos.
Ayer, desde Sucre, el abogado Wilfredo Chávez, del ala evista, advirtió que los magistrados autoprorrogados del TCP serán enjuiciados en la vía ordinaria, “tal cual como Jeanine Añez”, porque consideró que ejercen el cargo usurpando funciones.
“En cuanto termine su mandato sepan ustedes, los vamos a enjuiciar en la vía ordinaria, porque igual que Jeanine Añez, los que no tienen mandato constitucional no les corresponde juicio de privilegio, les corresponde juicio ordinario”, amenazó Chávez.
Los magistrados del TCP en al menos cuatro hechos recientes, imponen su voluntad a tareas que eran exclusivas del TSE y a funciones de la Asamblea Legislativa, todo con el auspicio y apoyo del Gobierno que a la vez hace de vocero de los tribunos.