Evo Morales admitió que utiliza vehículos de propiedad de un ejecutivo de Petróleos de Venezuela (PDVSA) en Bolivia. Esos motorizados son empleados por el exmandatario en diferentes protestas, desde marchas hasta bloqueos. Uno de ellos –son tres los que utiliza- estuvo en la balacera del pasado domingo en el trópico de Cochabamba. Desde la oposición exigen que el líder cocalero sea suspendido como dirigente del Movimiento Al Socialismo (MAS) por haber violado la Ley 1096 de Organizaciones Políticas, tras confesar que recibe apoyo de Venezuela.
Incluso, el vocal electoral Tahuichi Tahuichi afirmó que el MAS podría perder su personería jurídica si es que se comprueba que Morales recibe apoyo financiero del gobierno venezolano.
El mismo Morales admitió que utiliza vehículos de propiedad venezolana y dijo que Luis Arce tenía conocimiento de este uso, ya que en una reunión en el “exterior” hablaron de este tema.
“Una reunión en el exterior. Estaba Lucho (Arce). Estaban algunos compañeros de Venezuela, Cuba y, con conocimiento de Lucho (Arce), me presta las dos movilidades Venezuela por temas de seguridad”, dijo Morales ayer en radio Kawsachun Coca.
El pasado domingo, cuando Morales denunció un atentado contra su vida, huyó de sus supuestos atacantes en una vagoneta que, según afirmó, fue alcanzada por cuatro impactos de bala. En el video que publicó muestra tomar un segundo motorizado, una vagoneta, que sufrió otros 14 disparos, según mostró más tarde al llegar a destino.
Según la versión del Gobierno, Morales y sus acompañantes se negaron someterse a un operativo antidroga en la carretera a Villa Tunari. Incluso, el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, acusó a Morales de haber utilizado armas de fuego contra policías.
Morales lamentó que ahora sus detractores estén alarmando a la población o, en su caso, tergiversando la información. “El primer año me prestó un compañero de Santa Cruz. Después de un año se lo devolví y después, el segundo y tercer año me presté este carro”, dijo el líder cocalero, quien aseguró no tener recursos para comprar estos vehículos.
Uno de los vehículos utilizados la mañana del domingo por Morales, con placa 3009 DFI, pertenece a Miguel Ángel Lozano Delgado, presidente de la petrolera venezolana en Bolivia. Además, la vagoneta utilizada por el jefe del MAS en su última marcha a La Paz junto a sus afines, también perteneciente a Lozano Delgado y que posteriormente fue transferida a una joven de 21 años.
En septiembre, el exministro de Justicia Iván Lima reveló que el vehículo en el que se movilizó el expresidente Morales durante su marcha fue comprado por PDVSA y luego, vendido a bajo precio a la joven de 21 años. Días antes, el titular de Gobierno, Eduardo Del Castillo, denunció que la joven era la propietaria del vehículo, de quien su madre tenía una sentencia por narcotráfico.
El diputado Jairo Guiteras, de Comunidad Ciudadana (CC), exigió que Morales sea suspendido como dirigente del MAS por haber violado la Ley 1096 de Organizaciones Políticas, tras confesar que recibe apoyo de Venezuela, ya que los motorizados que utiliza pertenecen a un ejecutivo de la estatal petrolera venezolana.
“Evo Morales Ayma ha violado la Ley de Organizaciones Políticas, ha confesado haber recibido apoyo en especies de Venezuela, estos apoyos en especie no han sido declarados y están sancionados por la dicha ley. Debe suspenderse a Evo Morales como dirigente del MAS. Seguimos avanzando con la denuncia y nos callan”, expresó Guiteras.
Mientras, el vocal Tahuichi Tahuichi afirmó que, si se presenta una denuncia formal, en la que se señala que si hubo una violación a las prohibiciones señaladas por la norma, una de las consecuencias puede ser que el MAS pierda su personería jurídica.
“Ninguna institución, ninguna organización política puede recibir apoyo, subvención económica de una empresa extranjera. Ningún partido político, ninguno. Bajo sanción de cancelación de personería jurídica”, advirtió el vocal Tahuichi Tahuichi.
La autoridad insistió que se debe presentar una denuncia.
El juez desestimó los incidentes que presentó la defensa y empezó la fase de alegatos. Camacho y Pumari se abstuvieron de declarar y el juez programó tres audiencias más hasta el 4 de noviembre. El Gobierno tiene 40 testigos de cargo.