En una semana después del asalto militar a la Plaza Murillo, la Fiscalía en coordinación con la Policía y funcionarios del Ministerio de Gobierno aprehendieron a 22 personas, todos varones, entre ellos 21 militares y un civil. Se conoce que están tras la pista de al menos ocho personas más. El Ministerio Público aseguró que son más de 30 presuntos implicados.

El fiscal Franklin Alborta que es parte de la comisión de fiscales asignados al caso, admitió que el tema es “bastante complejo” y que las investigaciones recién están empezando.

“Son más de 30 personas las que se encuentran formalmente ampliadas (identificadas) en este proceso de investigación, falta mucho por realizar. Estamos haciendo los esfuerzos necesarios desde el Ministerio Público y la Policía Nacional para tener la mayor cantidad de elementos probatorios en esta etapa de investigación”, explicó el funcionario de la Fiscalía.

El último militar aprehendido fue el comandante del grupo de élite F10 de las Fuerzas Armadas, Vladimir L.S., en una unidad militar de Cochabamba, hasta donde llegó la Felcc y allanó las oficinas y vehículos y secuestró material. Ayer fue trasladado hasta La Paz.

Uno de los funcionarios que lidera estos operativos de aprehensión es el viceministro de Régimen Interior, el general de Policía en retiro Jhonny Aguilera, quien también se convirtió en vocero de todos los operativos de aprehensiones contra los militares de las Fuerzas Armadas.

Ven vulneraciones

El abogado y coronel en retiro de las Fuerzas Armadas, Jorge Santistevan, calificó este accionar como “ilegal y arbitrario” porque se está vulnerando varias normas, entre ellas la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas, la Ley de Organización Judicial Militar, el Código Penal Militar y el Código de Procedimiento Penal Militar, normas vigentes que se emplean para juzgar y procesar a militares bolivianos que hubieran incurrido en faltas o delitos.

Santistevan subrayó que ni la Fiscalía y menos un funcionario del Ejecutivo “no pueden” allanar los cuarteles y que estas acciones son “ilegales” y están manchadas con tintes políticos.

“Si bien todos los ciudadanos están sometidos a la justicia, también hay jurisdicciones especiales, las mismas que tienen prioridad sobre la justicia ordinaria. Tenemos a la justicia militar que está siendo sobrepasada por un allanamiento arbitrario, ilegal y político por parte de un fiscal que utilizando a la Policía está entrando a los cuarteles que deben estar protegidas por la justicia militar”, dijo Santistevan a EL DEBER.

¿Y quién está a cargo de hacer cumplir la justicia militar?, preguntó este medio al experto y éste respondió: “De acuerdo a la Ley de las Fuerzas Armadas, el ministro de Defensa (Edmundo Novillo) es el representante legal pero está completamente ausente, no aparece”.

Novillo, junto al comandante en jefe de las FF.AA., Vicealmirante Gonzalo Víctor Vigabriel Sánchez, tiene la misión de hacer cumplir la LOFA, o por lo menos coordinar las investigaciones con la Fiscalía. “Hay incumplimiento de deberes de ambos por su ausencia”, dijo.

- TRASLADOS
El vicealmirante Juan Arnez, segundo al mando de la revuelta militar, fue cambiado del penal de Chonchocoro al de San Pedro, en la ciudad de La Paz.

- HASTA COCHABAMBA
El general Juan José Zúñiga identificado como el líder de la revuelta militar cumple su detención preventiva en la cárcel del Abra en Cochabamba.

- CHONCHOCORO 
El coronel Edison Irahola es el único que está en Chonchocoro donde cumple su detención.

Lea también