Cristopher Balcázar Jiménez, uno de los abogados del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, confirmó que su cliente fue imputado por el caso del carro bombero que denunció el diputado suplente Rolando Enríquez Cuéllar, del MAS. El caso se ventila en la capital oriental.

“La imputación sí existe, pero no nos han notificado, no tenemos conocimiento aún de la resolución del juez”, declaró el abogado Balcázar en un breve contacto telefónico, sin hacer mayores referencias al número de acusados y los delitos por los cuales se acusa a la primera autoridad de Santa Cruz.

El pasado 28 de enero el diputado masista presentó la denuncia en contra de Camacho y desde entonces no se produjo ningún acto judicial, el daño que se habría producido es de Bs 1,7 millones.

De acuerdo con la denuncia del oficialismo, la empresa que vendió el carro bombero no tiene permiso de operación en Bolivia, por el contrario, se habría adquirido el vehículo a una empresa mexicana.

Asimismo, observaron la licitación lanzada y la adjudicación del contrato. A fines de agosto del pasado año, Camacho, había declarado ante los fiscales y no se dispuso ninguna medida en su contra.

 Siete meses después se presenta la imputación del caso. En agosto de 2022 se produjo la citación al gobernador para que declare por este caso y en septiembre la justicia envió al penal de Palmasola a Alejandro Soljanic, director de Seguridad Ciudadana de la Gobernación.

“No nos han notificado, nosotros tenemos conocimiento de manera extraoficial, nos tiene que notificar el juez que lleva la causa. Me imagino que eso saldrá la siguiente semana de despacho y nos señalarán la audiencia cautelar”, explicó Balcázar.

Incumplimiento de deberes, uso indebido de influencias, conducta antieconómica y contratos lesivos al Estado son los cuatro tipos penales que presentó la Fiscalía en contra de los investigados.

Los otros dos
Este es el tercer caso por el cual se imputa a la primera autoridad de Santa Cruz. Está en detención preventiva por el caso ‘golpe I’, en el que se incluyen los delitos de terrorismo, sedición y conspiración. El caso está sustentado en la teoría gubernamental de que en Bolivia se produjo un golpe de Estado en noviembre de 2019.

Luego, el 8 de marzo pasado, se informó de la imputación del caso ‘decretazo’. Una resolución en la que supuestamente Camacho dejó como gobernador interino a uno de sus colaboradores y no aplicó la sucesión automática al subgobernador Mario Aguilera.

Ahora se presenta este caso. Los abogados de Camacho informaron a los medios de comunicación que intentarán llevar la audiencia cautelar en este último caso a la ciudad de Santa Cruz de manera presencial, aunque las autoridades penitenciarias encontraron los argumentos para que todos asistan a las audiencias presenciales, menos el acusado, al que presentan de manera virtual.

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