El referéndum planteado por el presidente Luis Arce desató ayer una ola de críticas y rechazos de políticos opositores, cívicos, dirigentes del bloque radical del MAS, y activó una serie de amenazas de movilizaciones y protestas con el fin de impedir su realización.
Mientras tanto, con la solicitud formal que hizo el mandatario al Tribunal Supremo Electoral (TSE), ya se activó la cuenta regresiva para legalizar el trámite en el que el primer paso es que el Sifde analice las cuatro preguntas. Desde la entidad, informaron a EL DEBER que tienen hasta el lunes 26 de agosto para responder.
El Ejecutivo, a través de los ministros y viceministros, está en una ardua campaña para explicar el objetivo del referéndum y defender que la iniciativa es legal y legítima. En esa línea, el ministro de Justicia, Iván Lima, argumentó que es “una consulta política” en referencia a las preguntas 1 y 4 que plantean modificar la Constitución, y en caso de que gane el “sí” debe darse una reforma constitucionaal.
Ante el rechazo y la ola de críticas contra el referéndum sobre todo por las dos preguntas que plantean modificar la Constitución Política, el ministro de Justicia, Iván Lima, salió a explicar que esta es una “consulta política”.
Y, en caso de que en una de las dos preguntas o en ambas gane el “Sí”, se “deberá abrir un procedimiento de reforma constitucional”, es decir, modificar esos artículos porque Arce adelantó que la consulta es vinculante y de aplicación inmediata. “Lo que está planteando la pregunta (sobre la reelección) es una hipótesis que, de ser respondida positivamente, dará lugar a un procedimiento de reforma constitucional, claramente la decisión política que va a asumir el pueblo boliviano con respecto a la reelección tiene una naturaleza política, no constitucional”, afirmó Lima, según medios estatales.
La pregunta 1 y 4, propuestas por el presidente Arce para el referéndum, plantean la modificación de los artículos constitucionales 146 para incrementar los 130 escaños de la Cámara de Diputados, y el 168 relativo a incorporar o no la reelección presidencial de manera discontinua.
En las preguntas 2 y 3, Arce plantea consultar a la ciudadanía si se mantiene o no la subvención a la gasolina especial y al diésel.
En caso de que el Tribunal Constitucional avale las preguntas y se realice el referéndum, las respuestas a las preguntas son de carácter vinculante, afirmó el ministro Lima, por lo que “las decisiones que se adoptan mediante referéndum tienen vigencia obligatoria y deben aplicarse por las instancias competentes”.
Mientras tanto, hay un debate sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del referéndum, y el rechazo a su aplicación crece en el ámbito político.
La respuesta más dura que recibió Arce por el referéndum fue de las organizaciones evistas del Movimiento Al Socialismo (MAS). Aseguraron que “todo está ya instruido” para empezar las movilizaciones en las calles y carreteras, en protesta por la crisis económica y porque “el presidente Luis Arce Catacora, con sus colaboradores políticos, ha violado la Constitución”.
Es más, el dirigente campesino Ponciano Santos advirtió que el Jefe de Estado se “escapará” con el referéndum que pretende hacer el mismo día de las Judiciales.
“El referéndum para nosotros no sirve. ¿Sabes, Luis Arce Catacora?: Vas a tener que escaparte cargado con tu referéndum, del país (sic), si no resuelves el tema económico, tema combustible y promulgar las cuatro leyes (en la sesión de la Asamblea Legislativa) presidida por Andrónico (Rodríguez)”, sentenció Santos.
En la misma línea, el expresidente Evo Morales afirmó que la acción de Arce con este referéndum “es una especie de renuncia a la Presidencia y es una forma de admitir su incapacidad y de no dar salidas a la crisis".
El senador evista Willliam Torres, en un memorial que envió a los vocales del TSE, pidió que revisen “con mucho cuidado” las cuatro preguntas que envió el presidente Arce para el referéndum y que cumplan el artículo 18 de la Ley de Régimen Electoral. En caso de no hacerlo pueden enfrentar procesos por al menos la comisión de tres delitos penales.
“Pedir que los vocales de este Tribunal en su Sala Plena tengan el sumo cuidado de observar, analizar y aplicar el artículo 18 de la Ley 026 de Régimen Electoral con relación a las cuatro preguntas porque no corresponden (…) hay que recordarles a los vocales del Tribunal Supremo Electoral que ellos estarían incurriendo en resoluciones contrarias a la Constitución, resoluciones contrarias a la ley y prevaricato”, dijo Torres.
En esa misma línea, desde Santa Cruz de la Sierra el Comité Pro Santa Cruz también expresó su rechazo al referéndum que pretende convocar el presidente Arce. El dirigente cívico Fernando Larach informó que se envió una carta al presidente del TSE, Óscar Hassenteufel, para recordarle “que su obligación es hacer respetar la Constitución Política del Estado”, y es la única que establece cómo se debe reformar la Constitución.
“El señor Hassenteufel tiene que hacer cumplir la Constitución, y quien no cumple la Constitución, hay un delito que se llama resoluciones contrarias a la Constitución Política y a las leyes, pasible a una pena”, apuntó Larach.
Ambos sectores, evistas y cívicos, aunque antagónicos en su línea política, coincidieron en que todos los temas de las preguntas del referéndum ya tienen una respuesta legal y constitucional, y que la política de subvención de los hidrocarburos es atribución exclusiva del presidente del Estado, por lo tanto, no hay materia para ningún referéndum.
Desde Creemos, el asambleísta departamental de Santa Cruz, Zvonko Matkovic, calificó la propuesta de referéndum de Arce como una estrategia para distraer a la población que enfrenta una de las peores crisis económicas y que muestra la incapacidad del Gobierno de solucionar la misma, por eso busca politizar el país.
“Este es el más claro ejemplo de que el presidente ya no tiene la capacidad ni las ganas de gobernar. Para nosotros esto es simplemente una táctica distractiva para que la gente se dedique a hablar solo de esto y no de los problemas reales”, dijo Zvonko.
El senador Henry Montero, también de Creemos, pidió a los vocales del TSE que devuelvan las preguntas al presidente Arce, porque ese referéndum “es inconstitucional” y los vocales no deben cargar con esa responsabilidad. Recordó además el acuerdo interinstitucional que se firmó el 10 de julio, en el que no se menciona la aplicación de ningún referéndum, por lo tanto, esta consulta es puesta “de contrabando”.
“En ningún momento se habló de referéndum porque era una agenda que la tenía solo el presidente Arce. Solo se garantizaba un proceso (judiciales) y por eso se han suspendido las Primarias, así que no se puede meter de contrabando un referéndum utilizando los recursos de las elecciones judiciales”, afirmó Montero.
Hay 35 incendios en el departamento. Los ganaderos están siendo golpeados por el fuego y la sequía. Las autoridades movilizan brigadas de combate por tierra y por aire. También desplazan ayuda a las zonas de incendios