El ruido de los petardos irrumpió el amanecer en Mairana. Los enfrentamientos entre bloqueadores y grupos de civiles alertaban con otra jornada de violencia. Según avanzó el día, se impuso la tregua. Por unas horas se dispuso un cuarto intermedio que permitió el paso de los camiones. A primeras horas de la tarde se volvió a cortas la carretera.
Bolivia cumple hoy 19 días de bloqueo y las posiciones se radicalizan. La determinación de suspender temporalmente los bloqueos, asumida por pobladores de Vinto y Colomi, no cundió en otras localidades. Más bien, desde el núcleo duro del ‘evismo’ se insiste en sostener la protesta a pesar de que el país se alista para la celebración de Todos los Santos.
La Conferencia Episcopal Bolivia hizo un llamado al Gobierno para que de un paso real en la solución del conflicto. Mediante un comunicado pidió reflexión y diálogo ante la “crisis humanitaria” por los bloqueos motivados por intereses personales y partidistas.
“La escasez de alimentos, la falta de gasolina y diésel, el incremento desproporcionado de los precios de la canasta familiar entre otros perjuicios, se han convertido en una realidad que está generando el sufrimiento del pueblo boliviano”, dice el pronunciamiento de la CEB.
El presidente de Bolivia, Luis Arce, mencionó la posibilidad de convocar un diálogo con los sectores movilizados en su intervención televisiva del pasado miércoles. Sin embargo, marcó ciertas condiciones ante una posible negociación. “No puede haber ningún diálogo sin levantar los bloqueos y las medidas de presión, que están estrangulando la economía de las familias bolivianas”, añadió el primer mandatario.
La posición de Arce fue clara. Si continúan los bloqueos “ejercerá sus facultades constitucionales para precautelar el interés del pueblo boliviano”.
El expresidente del Estado, Evo Morales, alertó con “un levantamiento” indígena y militar en su favor si se concretan su detención. En una entrevista con la agencia EFE se desmarcó de los bloqueos y afirmó que la decisión partió de sectores indígenas y campesinos como protesta ante los problemas económicos del país, como la falta de combustible y el encarecimiento de la canasta básica.
Justificó la movilización y la calificó como el inicio de una “rebelión contra la traición de Lucho (Arce)”. Es más, instó a los funcionarios del gobierno a renunciar a sus cargos y “saludó” a quienes han hecho efectiva esta acción hasta el momento. “Saludamos la decisión ética de algunos funcionarios del gobierno. No tenemos ningún contacto ni relación con ellos, pero demuestran una actitud honesta”, inicia el post de Morales en X.
En el mismo mensaje pidió a los funcionarios de Gobierno que ocupan puestos jerárquicos “a que no sean cómplices del peor gobierno de la historia. Su renuncia será una señal clara en favor del pueblo”, remarcó.
A pesar de los pedidos de tregua por Todos Santos, los campesinos que protagonizan los cortes de ruta en el trópico de Cochabamba anunciaron que mantendrán la medida de presión. En ese contexto, un exdirigente de esta región alertó que está en marcha una “subversión armada”, que podría generar muchas bajas ante un posible desbloqueo de rutas.
“Sabemos cuándo llegaron algunos armamentos; que lo que se va a buscar es una automasacre. Entonces también van a buscar sangre para echar la carga a ciertos dirigentes y también al gobierno. Hay subversión armada en el país”, declaró este jueves el exdirigente de las Seis Federaciones del trópico de Cochabamba Gregorio Mamani.
El campesino, quien conversó con periodistas en La Paz, lamentó que en su región se haya impuesto “una dictadura sindical”, que llegó a poner en riesgo su vida y la de su familia por “pensar diferente” a la dirección evista de su región.
Según Mamani, la protesta entró en una fase orientada a buscar la convulsión generalizada, un extremo con el que no están de acuerdo varios de los dirigentes campesinos “Lo que se busca es enfrentar al pueblo. No es una reivindicación sana”, puntualizó.
El exministro de Gobierno durante la presidencia de Morales, Carlos Romero, insistió en calificar los bloqueos como “una rebelión popular” que protesta contra el mal manejo económico del Gobierno. Además, advirtió sobre el riesgo que supone movilizar a las Fuerzas Armadas. “Solo generará mayor violencia”, resumió.
Los ministros de Estado que conforman el gabinete de Luis Arce respaldaron al presidente y sindicaron a Evo Morales de querer ahogar a los bolivianos con los bloqueos. La ministra de la Presidencia, María Nela Prada, sugirió un “diálogo sincero” como forma de superar la problemática actual. Acusó al exmandatario de usar los bloqueos para presionar al Gobierno y satisfacer sus intereses personales.
”Sus bloqueos son totalmente antipopulares, están asfixiando la economía de las familias más vulnerables”, afirmó Prada en una extensa publicación en redes sociales.
Edmundo Novillo, titular de Defensa, fue mencionado por los evistas como una de las autoridades que habría renunciado. En su mensaje de respuesta recalcó el 55% de respaldo que logró Arce en las últimas elecciones. “¡No al golpe de Estado, no al bloqueo estrangulador de nuestra economía, no a la mentira ni la difamación!”, expresaba en su mensaje.
Más corta fue la reacción del ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo. Se limitó a postear la cara de un payaso, en la publicación de Morales.
Por su parte, María Renée Castro, titular de la cartera de Salud, respaldó a Arce y describió ese apoyo como “inquebrantable”. Destacó la labor que desarrollan los médicos para asistir a los heridos. “No abandonaremos a nuestro pueblo ni a quienes necesitan asistencia médica en esta situación”, afirmó Castro.
Ministros como César Siles, de Justicia, Omar Véliz, de Educación, o la viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, también recurrieron a las redes sociales para respaldar a Arce.
La ley que reglamenta el Estado de excepción fue promulgada por Eva Copa el 29 de octubre de 2020. El Ejecutivo puede sacar a los militares con la sola notificación a la ALP. El Legislativo tiene hasta 72 horas para ratificar o rechazar el decreto
En el escrito se pide la intercesión de esos gobiernos para "facilitar un diálogo constructivo entre las partes", "garantizar el respeto a los derechos humanos de todos los ciudadanos" y "prevenir la violencia y proteger la vida de los involucrados"