Polémica. El ministro de Obras Públicas, Iván Arias, denunció que a escala nacional hay municipios que prefieren dirigir sus recursos a la campaña electoral en lugar de frenar la cifra de contagios por coronavirus.

"Los municipios dicen que no han recibido recursos para el Covid-19, cuando (sí) han recibido. Se están guardando la plata para la campaña", manifestó Arias en una entrevista en el canal de televisión estatal. "Cómo es posible que en plena peste le estemos robando a la población (...)", criticó.

Las declaraciones de la autoridad se refieren a los conflictos suscitados a lo largo del mes de agosto en las zonas de Vinto (Cochabamba) o Caranavi (La Paz), donde las autoridades prefirieron utilizar volquetas y vehículos del sector público para bloquear carreteras y esto conllevó a un ascenso en los contagios, según su criterio.

Arias señaló que los municipios que llevaron adelante este tipo de actividad deberán olvidarse del posconfinamiento y en contraste abocarse a reforzar sus medidas de control sanitario y encapsulamiento, donde afirma que existen deficiencias.

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​"Llallagua tiene muchos casos y no invierte en salud, en Coripata están en otra cosa. Camiri con protestas municipales (...) no es posible que no se preocupen, en Patacamaya no se ha superado", advirtió en la entrevista que fue reflejada por ABI.

Sin embargo, esta postura no cayó bien a los entes municipales. Álvaro Ruiz, Presidente de la Federación de Asociaciones Municipales de Bolivia (FAM-Bolivia) señaló a EL DEBER que no comparte las observaciones del ministro y que los municipios atraviesan una situación sensible por el tema de déficit y recorte presupuestario.

"De alguna manera nos alegra que al menos un ministro se acuerde de los municipios, mismos que se han visto abandonados en la emergencia y que son los primeros en sufrir cualquier crisis (...). Si alguien está más preocupado por la campaña, eso se evidencia en que hay más letreros de Jeanine Áñez como candidata a la presidencia, que pruebas PCR en el país", criticó Ruiz.

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​Asimismo, desde FAM-Bolivia observan que el Gobierno debería prestarse a coordinar temas para frenar la emergencia sanitaria y no esperar a que los municipios se manifiesten para ser atendidos, como ocurrió con el tema de la ley de restitución del 12% de recursos por concepto del IDH y recordó el recorte presupuestario del 28% (unos Bs 2.200 millones) al que se verán sometidos al 2021, lo que vaticina un mayor golpe de la crisis.

Además, Ruiz expresó que en los municipios están percibiendo golpes de Estado (en referencia a la salida de los alcaldes de Samaipata y Ascensión de Guarayos en Santa Cruz) incentivados por temas políticos y que el Gobierno hace 'la vista gorda' para dar una solución a este asunto.

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