El viceministro de Régimen Interior y Policía, Johnny Aguilera, planteó un proyecto de ley que le otorga más poder al Inspector General de esa institución que a la justicia para aplicar sanciones “más rápidamente y de forma independiente”.

Todo esto, luego del escándalo que involucró al comandante policial de Santa Cruz, Erick Holguín, que redujo al capitán suspendido Edman Lara delante de buena parte de los medios de comunicación cruceños, hace dos semanas, hecho que ha generado que el Senado pida que ese jefe policial sea retirado de la lista de ascensos a general, que está pendiente de tratamiento en esa cámara.

Aguilera explicó que el Gobierno presentó un proyecto de ley ante el Órgano Legislativo, a través del cual se cambia radicalmente el sistema disciplinario que tiene la Policía; se introduce como un elemento sancionador también a la Inspectoría, se suprimen los fiscales, los cuales pasarán a depender del inspector, que tiene dos cualidades: investigador y sancionador.

Asimismo, “se generan una serie de faltas que estaban descontextualizadas de la realidad política y social de nuestro país, para darle a este proceso dos características: prontitud y la verificación de inocencia para evitar que un funcionario policial sea estigmatizado, y sus procesos no terminen; y una sanción oportuna a quien vulnere las normas institucionales internas”.

El objetivo, según el viceministro, es separar la falta administrativa de la falta penal. “Hasta hoy la Ley 101 le daba una capacidad jurisdiccional, incluso decisoria, a los tribunales ordinarios. Si usted salía absuelto en un proceso penal, la justicia policial, en alguna medida, omitía una sanción en el tema disciplinario interno. Esta nueva norma permitirá que se sancionen las faltas de manera independiente y también los delitos”.

Explicó que esta referencia se basa en que ninguna falta deja de tener las garantías establecidas en la ley penal. “La tipicidad que es un efecto descriptivo, y una sanción que es análoga a la falta cometida por el funcionario policial”, detalló.

Se refirió a la Ley de ascensos a generales, que está trabada en la Cámara Alta, y señaló: “eso no solamente perjudica a la carrera de coroneles y generales que van a ascender, sino también a la administración interna del talento humano de la Policía. Se tiene que entender que las labores que se efectúan no solamente están calificadas por lo que opina nuestra sociedad, sino también es evaluada a partir de las destrezas y habilidades que demuestran en el desempeño de su función, la cual es catalogada en un periodo de tiempo”.

No quiso referirse al pedido específico de retirar de la lista al coronel Holguín, pero en los últimos días, el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, aseguró que no retirará al jefe policial de la nómina. Al tener mayoría en el Senado, el ‘evismo’ y la oposición, que exigen no solamente eso sino que renuncie a su cargo, se empantana el proceso.

Pese al receso legislativo, esta semana el Senado sesionó; pero en ningún momento trató el tema de los ascensos, que debe ser abordado en una sesión reservada que para instalarse debe tener dos tercios de apoyo de los legisladores presentes.

La Fiscalía supuestamente investiga a Holguín, pero el Gobierno ha anunciado que en los últimos fines de semana, como si fuera un cadete de la Anapol, ha recibido el castigo de permanecer arrestado los fines de semana, "sin franco".

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