Son 27 las personas, entre militares de diferentes grados y civiles, que fueron procesados por el Ministerio Público, a denuncia del Gobierno, de ser parte de la intentona golpista que se suscitó el 26 de junio de 2024.
La semana pasada, el capitán Marco Caviedes Carrión, quien era el cuarto ayudante de órdenes del general Juan José Zúñiga, aceptó acogerse a un proceso abreviado ofrecido por el Estado para declararse culpable y recibir una condena de tres años por el delito de alzamiento armado, en grado de complicidad.
Se trata del primer militar que aceptó su culpabilidad a cambio de salir de la cárcel de San Pedro de La Paz. El ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, manifestó que la aceptación del oficial en el delito que se lo acusa demostró el ‘fallido’ golpe de Estado liderado por Zúñiga. Sin embargo, las fuentes del Gobierno indicaron que ese fue el ofrecimiento para todos los implicados y que ninguno aceptó, excepto el capitán de Ejército.
“De esta manera, se demuestra la planificación y ejecución del golpe militar fallido dando así los primeros pasos para dar con la verdad de lo acaecido ese fatídico día para la democracia. En la siguiente semana esperamos tener grandes resultados sobre lo acaecido el 26 de Junio”, posteó Del Castillo en sus redes sociales.
En ese contexto, la Fiscalía se prepara para recibir la declaración de dos militares en grado mayor, que pertenecen a las filas de los Pachajchos, este grupo de poder que opera al interior de las Fuerzas Armadas de Bolivia. Este brazo operativo conformado por generales, coroneles y otros oficiales de alto rango del Ejército, fue creado durante la última gestión del expresidente Evo Morales en 2015.
Entre los civiles que guardan detención preventiva en la cárcel de San Pedro se encuentran Luis Fernando Hamdan Calancha, activista de Derechos Humanos; y Aníbal Abel Aguilar Gómez, conocido como el “ideólogo”, quien fue asesor del Ministerio de Defensa y hermano de Roberto Aguilar, exministro de Educación en la era de Evo Morales. En este caso, se trata de una persona de la tercera edad.
Después de la detención de Zúñiga el 26 de junio y su envío a la cárcel de El Abra en Cochabamba, hasta el 7 de julio el gobierno organizó “reportes” casi diarios de la investigación y los operativos de allanamiento de domicilios de militares. Luego vino un largo silencio hasta 21 de agosto cuando se conoció del ofrecimiento gubernamental de los juicios abreviados.
Ese mismo día el fiscal departamental de La Paz, William Alave, confirmó que cinco de los acusados se habían acogido a proceso abreviado, aunque se negó a proporcionar los nombres de los militares que habían “solicitado” la medida.
El 29 se confirmó de las salidas judiciales que tenían los acusados al parlamento para asistir a las declaraciones ante la comisión de investigación que lleva adelante el Senado. Los implicados salían con orden judicial y fueron trasladados desde distintos penales.
Entre los exjefes militares que guardan detención preventiva se encuentran Juan José Zúñiga, Edison Irahola Caero, Juan Arnez Salvador, Raúl Barbery Muiba, Marcelo Franklin Gutiérrez Franco y Franz Ordoñez Menacho.
El excomandante General del Ejército, a través de su defensa, descartó que haya protagonizado un intento de golpe de Estado o “autogolpe” en Palacio Quemado. Apunta a cuatro militares de armar un “libreto” para derrocar al jefe de Estado