La protesta ciudadana marcada por el paro de los 36 días (2022) y que exigió al Gobierno un “censo oportuno” llegó a la justicia por una denuncia penal contra varios líderes cruceños. Ahora, el proceso está radicado en La Paz y hay un amparo para que se sustancie en Santa Cruz.

De hecho, este lunes, la Sala Constitucional de La Paz, que debía tratar este recurso, decidió reprogramar la vista judicial para el 26 de julio. El Gobierno, que se adhirió a esta denuncia rechaza esta posibilidad, porque figuran cargos por terrorismo contra los líderes cruceños.

El amparo, planteado por el rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm), demanda que el proceso debe ser conocido y sustanciado por jueces de Santa Cruz; no de La Paz.

El caso había sido remitido a La Paz por efecto del Decreto 138 que estableció que todos los procesos legales vinculados con la “terrorismo, sedición o alzamientos armados contra la seguridad y soberanía del Estado”, sean litigados en La Paz.

El recurso planteado por Cuéllar considera que esa normativa “es inconstitucional” porque vulnera el principio del juez natural. Por otra parte, delitos como el de “sedición” ya no figuran en el ordenamiento jurídico nacional. 

“Vamos a luchar siempre por la restitución del estado de derecho, no nos vamos a someter”, señaló Reinerio Vargas, vicerrector de la Uagrm, quien también es procesado en este caso junto al abogado constitucionalista, José Luis Santistevan, el expresidente del Comité Cívico, Rómulo Calvo y el gobernador Luis Fernando Camacho. 

El caso contra los líderes cruceños fue planteado el 11 de noviembre de 2022 por el secretario ejecutivo de la Central Obrera Regional (COR) de El Alto, Marcelo Mayta Huanca. Posteriormente, el Viceministerio de Transparencia se sumó al proceso en representación del gobierno.

La denuncia fue planteada por los cargos de racismo y discriminación; asociación delictuosa, y desórdenes o perturbaciones públicas, además de terrorismo.

Tras el paro de los 36 días, se aprobó por una ley que ordena la aplicación de los resultados del censo en agosto y septiembre de este año. 

Lea también

​