Son los dueños ancestrales del territorio, pero los matan, desaparecen, los avasallan, y prenden fuego a sus casas. También les ponen trancas y hay que pedir permiso y pagar a los interculturales -por cada vehículo- para verlos y hablar con ellos.

Se trata de los indígenas tsimanes de Yacuma, uno de los pueblos originarios de tierras bajas más vulnerables, según informes de la Fundación Tierra, y del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD).

Las 14 comunidades no tienen un territorio, no legalmente. Hasta la fecha, a pesar de las gestiones, no se han beneficiado con la titulación, tampoco tienen servicios básicos, y recientemente pudieron carnetizarse en un 98%.

“El tema de los pueblos indígenas en aislamiento o contacto inicial es que sufrieron persecución y han ido recorriendo, hasta darse cuenta de que no tenían dónde más ir; quedando en sectores dispersos”, explicó Jhovanna Morales, abogada de la Fundación Tierra, sobre las razones para que los tsimanes no tengan un territorio, a pesar de que ya se tituló a otros tsimanes, los de San Borja.

Cuestionó cómo es posible que el INRA hubiera declarado esa zona como tierra fiscal, con tsimanes incluidos, “estamos volviendo a la época del esclavismo porque prácticamente estuvieron otorgando resoluciones de asentamiento con ellos adentro”, lamentó.

Para Morales, “lo penoso” es que las resoluciones de asentamiento otorgadas a terceros, o a interculturales, están sirviendo para continuar deforestando el área, ante el silencio de la ABT.

En su argumentación ante el CERD, Fundación Tierra arguyó que la discriminación no se limita al reconocimiento de las tierras que ocupan los tsimanes, “demandadas en reiteradas ocasiones”, sino que además la Gobernación de Beni les ha negado la personería jurídica a sus comunidades, “lo que constituye una negación y desconocimiento de su existencia como pueblo indígena, al ejercicio de derechos económicos, sociales y culturales, (...) tampoco podrán exigir sus derechos y acceder a recursos y servicios públicos”.

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Visibilizados

El año pasado, en el Pre Fospa, una de las visitas realizadas fue a la comunidad Río Nuevo, de la nación tsimane. EL DEBER estuvo presente, y evidenció cómo había que pedir permiso, llave, y pagar para pasar trancas hasta llegar a los originarios.

Adicionalmente, una persona de los interculturales se mantuvo presente y atenta al desarrollo de toda la visita, que atrajo a gente de otros países y del resto de Bolivia.

En ese encuentro, los tsimanes compartieron sus danzas, pero también sus experiencias sobre las presiones por la tierra.

Una de las intervenciones fue de la abuela de una niña que hace años murió asesinada por balas, supuestamente de militares llevados por quien se atribuyó la propiedad del lugar, y que en un principio los conquistó con alimentos.

La menor tenía 12 años, y la bala le llegó a la cabeza cuando el profesor los sacó de la escuela para ponerlos a salvo.

Delante de todos, la anciana manifestó que nunca hubo justicia, y de acuerdo a Morales, esa tierra hoy está titulada a nombre de la persona a la que se apunta como autor de la violencia, y que nunca habitó ahí.

Los puntos donde se encuentran otras comunidades tsimane están en buena parte, desde 2014, en calidad de nuevos asentamientos de colonizadores, “hoy llamados interculturales y campesinos, quienes al llegar a ocupar esas tierras, han desalojado de forma violenta, cruel e inhumana, quemando casas, cultivos, amenazando, pegando a hombres y mujeres sembrando el miedo como mecanismo de expulsión, todo frente a la mirada cómplice del Estado”, dice el informe de la Fundación Tierra para el CERD, en medio de una narrativa extensa de abusos.

El CERD hizo una serie de recomendaciones al Estado boliviano, que deberían cumplirse hasta diciembre de este 2024. Entre estas, activar mecanismos de protección, adoptar medidas concretas para proteger los medios de subsistencia del pueblo tsimane, evitar la deforestación masiva y resguardar su territorio ancestral, sin amenazas, intimidaciones, hostigamiento o actos de violencia.

El CERD también recomienda reconocer su espacio ancestral bajo la figura jurídica de TCO YA’CAMA, facilitar acceso a educación y servicios básicos.

Los esse ejja

Otro caso es el de los esse ejja de Eyiyoquibo, una población de 97 familias que habita 8 hectáreas donadas, no dotadas por el Estado.

“Se ha presentado nueva demanda de solicitud de dotación de tierras y en algunos acuerdos con el INRA se tiene previsto que dotarán una superficie que no es la deseada, pero por lo menos alivia y se les dará cierta seguridad”, dijo Morales.

También indicó que sí se les logró otorgar 900 hectáreas, que aún están con resolución de asentamiento y que incluso el INRA quería revertir porque la gente no habitaba.

“El problema que tienen ellos para ingresar al área es que no está a orillas del río ni acorde a sus prácticas de cazar y pescar.

“Aparte están en medio de los interculturales, lo que les dificulta el acceso para llegar. En esas ocho hectáreas no pueden producir nada absolutamente, por eso los niños van a la ciudad a pedir comida, sobre todo”, dijo, y también informó que el año pasado se presentó una Acción Popular con la finalidad que el INRA se pronuncie.

Sin embargo, dijo que la respuesta fue negativa, no correspondía admitir la demanda, “el INRA dijo que no correspondía la figura de TCO, sino simplemente de conformación como cualquier comunidad, desconociendo el derecho ancestral e indígena”, cuestionó Morales.

Los esse ejja además están entre los pueblos que habitan las orillas de los ríos y que sufren la contaminación con mercurio por la minería.

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Vulnerabilidad

Miguel Vargas, del CEJIS, explicó que los pueblos con contacto inicial tienen alta vulnerabilidad por un contexto de densidad poblacional, que les obstaculiza el acceso territorial. “Es el caso de los eje ejja, tsimanes, yuquis, ayoreos y sirionós”, dijo.

Recordó a los pacahuaras, en otra categoría, que quizás sean el “primer pueblo que prácticamente ha desaparecido en un contexto del Estado Plurinacional, producto de un proceso de asimilación de la iglesia evangélica, y de las presiones por el modelo maderero de las barracas.

Apuntó a que hay ausencia de política en general que permita pervivir como culturas o pueblos, manteniendo su condición, a los indígenas más vulnerables.

“La demarcación agraria de los territorios no reconoce la movilidad de pueblos como los tsimanes, que recorren macrorregiones, y que van del norte de La Paz hasta el Tipnis”, detalló.

EL DEBER pidió vocería a través de la Dircom del INRA, al INRA Rurrenabaque, a Saneamiento nacional, pero no hubo respuesta.