Sin especificar los lugares donde se producirán los operativos, el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) prepara operativos en 17 predios que fueron avasallados, los ocupantes de esos terrenos fueron notificados, sin embargo, no obedecieron la orden de desalojo y serán sacados por la fuerza, la coordinación con la Policía está en pleno proceso, informó el director de la entidad, Eulogio Núñez.
“Solo en el caso de Santa Cruz tenemos 17 lanzamientos, qué quiere decir, que se ha hecho la intimación y no han salido de esos predios, entonces, lo que hace el INRA es pedir el auxilio de la fuerza pública y coordinar con los afectados para ejecutar mediante la fuerza pública el desalojo”, declaró este viernes Núñez en La Paz.
El avasallamiento de tierras es una constante que no termina de solucionarse, según Núñez, en todo el país hay 167 denuncias de avasallamiento y los departamentos de Santa Cruz y Beni, son los más afectados. Otra de las regiones donde hay denuncias es Cochabamba, aunque en este caso los avasallamientos son dentro de áreas urbanas.
“Si son predios urbanos, en este caso dentro de las manchas urbanas, son los gobiernos municipales los que deben accionar. En muchos casos son los propietarios los que impulsan los procesos, hay mucha gente en la cárcel, pero es necesario aclarar que cuando es en mancha urbana, el INRA no tiene competencia, solo puede actuar un juzgado agroambiental”, detalló el director de la entidad.
Dijo que todas aquellas personas que sean procesadas por avasallamiento, primero pueden ir a la cárcel y enfrentar una condena de 3 a 8 años de prisión, además quedan señaladas en el banco de datos de la entidad y se les niega la dotación por el lapso de 10 años.
“En el 89% de tierras que están tituladas en todo el país, deben ser los propietarios lo que tienen que hacer la denuncia ante autoridad competente cuando hay avasallamiento; en el caso de las tierras fiscales o donde no se ha terminado el proceso de saneamiento, que es del 11%, ahí tiene tuición el INRA”, dijo más adelante.
Tras el segundo ataque a la propiedad, el grupo amenazó públicamente a policías, periodistas, fiscales y jueces. La Fiscalía negó ampliar pesquisas por considerar que no es una organización delictiva. Policía solo ronda el lugar y no actúa