Por: Juan Carlos Fortún V.

Reformar la justicia en Bolivia propuso ayer el alcalde de Santa Cruz de la Sierra, Jhonny Fernández Saucedo, basándose en tres pilares fundamentales: excluir el sufragio popular para elección de los magistrados y que sean electos por meritocracia, que el fiscal general pueda ser elegido por la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) y que los vocales y jueces de los Tribunales Departamentales de Justicia, además de los fiscales de departamentos, puedan ser elegidos por las Asambleas Legislativas Departamentales.

Todos los postulantes a los cargos (magistrados, vocales, jueces y fiscales) podrán participar previa evaluación de méritos y capacidad profesional, que serán realizadas por instituciones de la sociedad civil y académica. Luego, en las Asambleas Legislativas, serán elegidos por los dos tercios de votos de sus respectivos plenos.

Para esto, se tendrá que reformar ocho artículos de la Constitución Política del Estado (CPE), por eso el burgomaestre cruceño enviará hoy una solicitud al presidente del Estado, Luis Arce Catacora para que se pueda convocar, a través de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), un referéndum constitucional aprobatorio de Reforma Judicial y Ministerio Público.

Fernández señalo que este referéndum será la manera más viable para la modificación de la justicia en el país. “Hay una ruta más corta y es la que estamos planteando, además creemos que el ciudadano ya no va a esperar que se le siga mintiendo de que con elecciones de jueces y fiscales se va a terminar la impunidad”, dijo el alcalde.

En tanto, el responsable de este proyecto de ley y secretario municipal de Fortalecimiento Institucional y Autonomía, José Luis Santistevan, señaló que el artículo 4 de este documento tiene las tres interrogantes que deben ser planteadas a la población para que se puedan reformar los ocho artículos de la Carta Magna. “Ahora esperamos que en los próximos días se convoque al diálogo, para que les hagamos llegar los fundamentos de nuestra propuesta para poder modificar el poder judicial en el país”, aseguró.

No es su competencia

Para el abogado constitucionalista Johan Zambrana, el alcalde cruceño como autoridad puede lanzar propuestas o sugerencias legislativas a los órganos competentes, pero promover la realización de un referéndum puede provocar la apertura de “un candado que no sea favorable para los ciudadanos y modificar otros artículos”, rescató.

Agregó que la propuesta está también fuera de su competencia municipal, descuidando otros roles importantes de la Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra.

Por otro lado, el viceministro de Justicia y Derechos Fundamentales, César Siles, dijo que los representantes de la Organización de Naciones Unidas (ONU) y la Unión Europea (UE) apoyarán a Bolivia con al menos $us 3,6 millones para la reforma de la justicia en Bolivia.

De acuerdo con el memorándum de entendimiento suscrito con la ONU, el monto es de $us 100.000 dólares, mientras que con la UE, $us 3,5 millones.

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