El vocal del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de La Paz, Israel Campero, aseguró ayer que ocho ministros de los 16 del gabinete de Luis Arce, no podrán ser interpelados por la Asamblea Legislativa después de que la Sala Constitucional Primera del TDJ admitió la Acción de Amparo Constitucional que presentó el ministro de Economía, Marcelo Montenegro.
“Existe una medida cautelar que establece la suspensión de la interpelación (pero) no de todos los ministros, no de todo el Gabinete, (sólo) de los ministros que se han adherido a la Acción de Amparo Constitucional”, dijo Campero.
Explicó que esa medida cautelar es para “ocho ministros que se han adherido a la Acción de Amparo y ahora esto está en manos del Tribunal Constitucional, por lo menos (en manos) de su Comisión de Admisión”, puntualizó.
Según Campero, entre los ministros, además de Montenegro, están los titulares de Culturas, Sabina Ollerana; de la Presidencia, María Nela Prada y de Medio Ambiente y Aguas, Rubén Alejandro Méndez.
A esta lista, el diputado Marcelo Pedrazas de Comunidad Ciudadana (CC), agregó que probablemente están en esa lista los ministros de Gobierno, Eduardo Del Castillo; de Salud, María René Castro, además de los ministros que están en la lista de las próximas interpelaciones como con el titular de Obras Públicas, Édgar Montaño; de Justicia Iván Lima y de Hidrocarburos, Franklin Molina.
En tanto, los otros ministros de Arce, los que no se adhirieron a la Acción de Amparo como terceros interesados, pueden ser interpelados por la Asamblea Legislativa, agregó el vocal Campero.
“Por supuesto, (pueden ser interpelados) cumpliendo el procedimiento, garantizando el debido proceso, observando las reglas que el propio Tribunal Constitucional ha emitido en una sentencia constitucional de este año, la 20/2023. Nadie puede desconocer la potestad de la Asamblea”, dijo.
Subrayó que “cualquier acto de fiscalización” que realice el Legislativo, desde una petición de informe oral, escrito o interpelaciones está en el marco de sus atribuciones, pero sin que estas acciones “quiebren algún derecho”.
El ministro Montenegro, en la Acción de Amparo al que tuvo acceso EL DEBER, pide a la justicia que “dispongan la medida cautelar de mi acto de interpelación programada para el 15 de agosto de 2023, así como de actos de interpelación de la Asamblea Legislativa en relación a los ministros de Estado que se hallaren en similar situación de riesgos irremediables a sus derechos fundamentales y que serán citados como terceros interesados”.
Ayer, el diputado Carlos Alarcón de Comunidad Ciudadana, convocó a las tres bancadas a tomar una “acción política” para recuperar a plenitud sus atribuciones de fiscalización y de censura de los ministros. “No queremos que Bolivia se convierta en una cleptocracia ni que se convierta en una dictadura gubernativa judicial”, dijo Alarcón y agregó que por el momento no es oportuno iniciar un proceso porque en vez de juzgarlos los van a condecorar.