La Sala Cuarta en lo Penal del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz optó por diferir hasta el 5 de noviembre la decisión de procesar sin privilegios a la expresidenta Jeanine Áñez “por actos cometidos en el ejercicio de sus funciones”.

Luis Adolfo Guillen, del equipo de juristas que asiste a la expresidenta, informó a EL DEBER que la audiencia que estaba prevista para este miércoles fue postergada “ante la imposibilidad técnica” de uno de los vocales de participar en ese acto.

El vocal Orlando Rojas no pudo conectarse en la sesión virtual y, ante este escenario, su colega Rosmery Pabón decidió la postergación de la audiencia por diez días.

Este caso se presentó en junio por una denuncia planteada por la Empresa Boliviana de Alimentos (EBA) que acusó a Áñez de nombrar a una gerente sin título profesional. Se trata de la primera denuncia por la vía ordinaria contra la exautoridad.

Esa denuncia en un principio fue aceptada a través de la Resolución 318 emitida por Claudia Castro, quien era juez en ese momento y hoy es vocal del Tribunal departamental.

La defensa objetó el caso porque tenía que ver con una decisión asumida por una expresidenta y, en ese marco, debía tramitarse un juicio de responsabilidades. Por eso se programó una audiencia de apelación que debía haberse llevado a cabo este miércoles.

Esta acción, en criterio de los abogados defensores de la exmandataria, puede abrir las puertas para ella sea juzgada únicamente por la vía ordinaria y dejando de lado los cuatro juicios de responsabilidades que se tramitan en la Asamblea Legislativa.

“De materializarse la ratificación de la injusta resolución se estaría estableciendo un nefasto precedente y ratificación de quebrantamiento del estado de derecho. No es un tema menor, pues representa que los derechos y garantías de todos los ciudadanos bolivianos quedarán en  indefensión y a merced de operadores de justicia que se encuentran seriamente cuestionados en su credibilidad”, señaló el equipo de la defensa de Áñez en un comunicado.

El gobernante Movimiento Al Socialismo (MAS), que en principio había alentado los juicios de responsabilidades contra Áñez, no tiene el respaldo de los dos tercios para autorizar esos procesos legales.

De hecho, el presidente de la Comisión de Justicia Plural de la Cámara de Diputados, Andrés Flores (MAS), había anunciado que Áñez será juzgada sin privilegios por las muertes de Sacaba y Senkata, pese a que este caso aún se tramita por la vía de un juicio de responsabilidades.

“Sí o sí se va a hacer justicia contra la señora Jeanine Áñez y será por la vía ordinaria”, explicó a los periodistas poco después de pedir “paciencia” a los familiares de las víctimas de esos sucesos que tuvieron lugar en noviembre de 2019, al inicio del gobierno transitorio.

El legislador señaló que el Decreto 4078, que eximía de “responsabilidad penal” a los militares que participaron en las operaciones antidisturbios durante la crisis política de 2019, es el documento que inculpa a Jeanine Áñez en este caso.

La Fiscalía inició una pesquisa inicial por el delito de “genocidio” y el Tribunal Supremo de Justicia solicitó a inicios de septiembre al Legislativo la autorización para que se inicie un juicio de responsabilidades.

Consultado, Flores aseguró que existe un fallo del Tribunal Constitucional que declara que el mandato de Áñez no fue constitucional. 

“Sabemos muy bien que el Tribunal Constitucional ha sacado un fallo que dice que la señora Áñez no fue presidenta constitucional, por lo tanto, corresponde un juicio por vía ordinaria. Se buscará justicia y una sentencia contra la señora Jeanine Áñez”, afirmó.

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