Los incendios, desmontes y quemas ilegales llevaron a los responsables de la Autoridad de Bosques y Tierras (ABT) iniciar 48 procesos penales en el país, denuncias que se concentran en solo dos departamentos: Santa Cruz y Beni.
Además de las acciones penales, suman a 227 comparendos o citaciones entregadas en todo el territorio boliviano, procesos registrados durante lo que va de este año.
El director ejecutivo nacional de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT), Luis Roberto Flores Orellana, indicó que en la presente gestión se ha registrado el inicio de 48 procesos penales por el delito de incendio, de los cuales 42 corresponden al departamento de Santa Cruz y seis a Beni.
Según el registro de los procesos iniciados en la ABT, de las 48 denuncias, 26 fueron en contra de personas plenamente identificadas, de ellas solo una fue enviada a prisión con detención preventiva; las otras 22 denuncias se sentaron en contra de presuntos autores.
"No nos tiembla la mano para procesar a los autores y/o participes de los graves daños a nuestro medio ambiente, que de gran manera están afectando la salud de un pueblo, la naturaleza y la vida de los animalitos. Que la población sepa que los culpables serán sancionados ante la Justicia", advirtió Flores.
Detalló que en cuanto a los procesos administrativos sancionadores por quema ilegal, existen 227 citaciones de comparendo emitidas, de las cuales 135 se realizaron en el departamento de Santa Cruz, 36 en Beni, 16 en Cochabamba, 15 en Pando, nueve en Chuquisaca, siete en Tarija, tres en Potosí y dos en La Paz.
Dos de los procesos cuentan con recursos de apelación a las medidas cautelares, además se identificó en 41 predios o comunidades incendios forestales, en dos de ellos se iniciaron las acciones penales por afectación a la reserva forestal y otros dos procesos penales por afectación a las áreas protegidas.
Hasta la fecha se reportan 32 eventos activos, entre ellos 18 de magnitud, siendo la región chiquitana la más afectada; los incendios de mayor magnitud no se originaron dentro del territorio nacional sino del vecino país de Brasil.
El Código de Procedimiento Penal establece entre dos a seis años de cárcel a quienes ocasionen y provoquen incendios forestales, con agravante en reservas forestales y áreas protegidas, de tres a ocho años.