Fueron al menos cuatro horas de tensión. La sesión se desarrolló casi en penumbras porque el Oficial Mayor de la Cámara de Diputados ordenó fumigar el hemiciclo del edificio y la Asamblea Legislativa validó la ley que ordena el cese de los magistrados del Órgano Judicial.
Asistieron 106 legisladores —entre diputados y senadores— de los 130 de ese poder estatal. Los ausentes se alinearon con el bloque del MAS leal al presidente Luis Arce y calificaron de “ilegal” la sesión porque el Tribunal Constitucional admitió una acción de nulidad.
El presidente de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez, había llamado a la Asamblea Legislativa tras el viaje de Arce a Rusia y eso motivó que el vicepresidente, David Choquehuanca, asuma de manera temporal la primera magistratura del país.
La convocatoria fue para tratar un decreto de indulto presidencial para reos con condenas vencidas y delitos menores, pero ya en la sesión se modificó el orden del día y se incorporaron los proyectos de ley que ordenan el cese de funciones de los magistrados del Órgano Judicial.
En diciembre de 2023, el Tribunal Constitucional decidió prolongar en sus cargos a los altos magistrados del Órgano Judicial de manera unilateral e indefinida. Eso sí, hasta que se elijan a las nuevas autoridades a través del voto ciudadano.
Pero el proceso de elección de magistrados fue bombardeado con 39 recursos, precisamente constitucionales, por aspirantes a esos altos cargos. Una de esas acciones legales anuló el proceso hasta que —otra vez— el TCP ordenó que continué el proceso.
En ese contexto se validó el proyecto de ley 075, el decreto del indulto y un préstamo por más de $us 200 millones que se tramitaron a CAF-Banco de Desarrollo de América Latina para la construcción de una carretera en Colomi, en Cochabamba.
Las normativas “sancionadas” fueron enviadas al Órgano Ejecutivo para que el presidente Luis Are las promulgue. En caso que esto no suceda, la Asamblea Legislativa tiene la prerrogativa de promulgar las leyes al cabo de 10 días.
Pero el jefe de bancada del MAS-arcista, Jerges Mercado, dijo que el Tribunal Constitucional admitió el recurso de nulidad presentado contra la convocatoria a sesión legislativa realizada por Andrónico Rodríguez.
El diputado Juan José Jauregui, quien también es leal al presidente Arce, afirmó que ese recurso ordenó que se paralice la sesión de la Asamblea y aseguró que "toda disposición es ilegal".
"Si se aprueba alguna Ley o declaración, la misma no podría ser promulgada por el Presidente Arce y tampoco publicada por la Gaceta Oficial de Bolivia", dijo el legislador porque la convocatoria fue anulada.
Por su lado, Andrónico Rodríguez destacó el hecho "democrático" de haber sesionado y señaló que fue una victoria en favor de la institucionalidad del país.
A su turno, el expresidente Eduardo Rodríguez Veltzé afirmó que los magistrados autoprorrogados del Tribunal Constitucional “no tienen competencia alguna” para suspender la sesión de la Asamblea.
El Pacto de Unidad, que es leal a Arce, se declaró en emergencia este jueves. Cuestionó a los legisladores porque estarían aliados contra el Gobierno.
El secretario de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb), Lucio Quispe, dijo que “la sesión que se ha llevado es ilegal” y que Andrónico” ha pactado con la derecha”.
Quispe acusó a Rodríguez de confabular en contra de la gestión del presidente nato de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), David Choquehuanca, quien ejerce la presidencia interina ante el viaje del presidente Luis Arce a Rusia.
“Estamos molestos como organizaciones sociales, rechazamos esta decisión. Todo lo que han aprobado no tiene validez”, aseguró el dirigente.
El numeral 10 del artículo 163 de la Constitución establece que la ley sancionada por la Asamblea Legislativa podrá ser observada por la Presidenta o el Presidente del Estado “en el término de diez días hábiles desde el momento de su recepción”.
“Si la Asamblea Legislativa Plurinacional considera fundadas las observaciones modificará la ley conforme a éstas y la devolverá al Órgano Ejecutivo para su promulgación. En el caso de que considere infundadas las observaciones, la ley será promulgada por la Presidenta o el Presidente de la Asamblea. Las decisiones de la Asamblea se tomarán por mayoría absoluta de sus miembros presentes”, se lee en ese mismo artículo.