Una entidad internacional como es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), además de partidos y alianzas políticas y representantes de los órganos Legislativo, Ejecutivo y Electoral de Bolivia, cerraron filas en defensa de la realización de las elecciones judiciales previstas para el 15 de diciembre de este año.
En los últimos días y tras la emisión de la sentencia constitucional 0770/2024, firmada por dos magistrados del TCP: René Yván Espada Navia y Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano, que suspende las elecciones en cinco departamentos, sucedieron tres hechos que defienden la realización de las judiciales:
La CIDH sacó un nuevo comunicado que insta a elegir a los magistrados del Órgano Judicial; tres órganos estatales firmaron la “Segunda declaración por la democracia”, y la realización de una audiencia en la CIDH, que abordó la situación de la independencia judicial y en la que destacó la importancia de que se cumpla este proceso electoral.
Ayer lunes, en Washington, Estados Unidos, se desarrolló una audiencia en la que representantes de la Fundación Observatorio de Derechos Humanos y Justicia, alertaron el debilitamiento de la independencia judicial en Bolivia sometida al Órgano Ejecutivo y el “accionar inconstitucional” del TCP que suspendió las elecciones a magistrados en cinco regiones.
Rubén Rarío Cuéllar, en representación del Observatorio, le explicó a EL DEBER que se denunció ante la CIDH que los magistrados del TCP y del Órgano Judicial, buscan con esta nueva sentencia mantenerse en sus cargos “hasta el 2030, a pesar que sus mandatos constitucionales fenecieron en diciembre de 2023.
“Hemos dejado en evidencia que son los propios magistrados autoprorrogados los que han decidido con esta medida mantenerse en el poder hasta más allá de 2026. Digo esto porque si las elecciones judiciales no se llevan a cabo en esos cinco departamentos, se sabe que por ley no se pueden hacer dos procesos en un mismo año. Está prevista la elección general en 2025 y en 2026, la elección de los niveles subnacionales y no se podrán hacer elecciones judiciales para reemplazar a los autoprorrogados ilegales y éstos se quedarían hasta el 2030”, afirmó Cuéllar.
Mientras, el embajador Héctor Arce, a nombre del Estado en dicha audiencia, aseguró que el Gobierno, trabaja para promover elecciones judiciales el 15 de diciembre, el ente internacional dependiente de la OEA, destacó el compromiso de Bolivia de llevar adelante las elecciones judiciales en un clima de respeto a los derechos humanos, también “subrayó la necesidad de avanzar en reformas judiciales para fortalecer la independencia y el Estado de derecho en el país”.
Ayer, por segunda vez, el Órgano Electoral realizó un segundo encuentro en el que analizaron la suerte de las judiciales y todos coincidieron en la necesidad de que este proceso electoral se cumpla en la fecha establecida y se rechazó la sentencia 0770/20204 y una de las principales observaciones contra ese fallo es que “no respetó el principio de preclusión” que está en dos normas electorales vigentes: la 026 de Régimen Electoral y la 1549 que convoca a las elecciones judiciales. En ambas normas se señala que no se puede anular ningún proceso electoral una vez iniciado el proceso.
En el pronunciamiento conjunto suscrito por representantes de los partidos y los órganos Ejecutivo, Legislativo y Electoral, “a fin de blindar las elecciones judiciales en las condiciones y alcances previstos, se ratifica la vigencia de la Ley 1549” (transitoria para las elecciones judiciales), además el Ejecutivo garantiza los recursos para este proceso y el Legislativo emitirá “un pronunciamiento inmediato rechazando la sentencia constitucional”.
A pesar que el TSE convocó también a los magistrados del TCP y del TSJ, sus representantes no asistieron a la convocatoria.
A pesar de que en el pronunciamiento conjunto el Gobierno rechaza la sentencia 0770, en la reunión el ministro de Justicia, César Siles, a nombre del Ejecutivo fue el único que defendió la emisión de la sentencia de los magistrados Espada y Hurtado.
“El artículo 203 de la Constitución es bastante claro en cuanto al cumplimiento de las sentencias constitucionales. No solo esta sentencia sino cualquier otra tiene carácter vinculante y de cumplimiento obligatorio con respecto al cual no cabe recurso ulterior alguno (…) la posición del Ejecutivo es el cumplimiento de las sentencias”, afirmó Siles, quien también en su razonamiento dijo que se debe “revisar” la sentencia que firmaron los magistrados Hurtado y Espada.
El vocal del TSE, Tahuichi Tahuichi, argumentó que la sentencia emitida por los magistrados Hurtado y Espada, solo parte de una sala constitucional y no así del TCP en pleno, por lo que el mandato constitucional que señala que las sentencias del TCP son vinculantes y de cumplimiento obligatorio, no se aplica.
“La Constitución no dice que son vinculantes las sentencias de una sala constitucional, no, dice del Tribunal Constitucional. Es imperativo que el pleno, los nueve magistrados puedan adoptar una postura, una sentencia”, afirmó Tahuichi y recordó que la Sala Plena del TSE envió “una avocación” al TCP en la que le solicita al pleno que se pronuncie.
El 8 de noviembre, la CIDH emitió un extenso comunicado para expresar su preocupación por la “demora excesiva en la designación de personas operadoras de justicia de las más altas instancias puede dar lugar a cuestionamientos sobre la legitimidad de la administración de justicia y causar afectaciones al Estado de derecho, como elemento indispensable de la democracia y la vigencia de los derechos humanos”.
El recordatorio del organismo internacional toma como base el derecho a elegir y ser elegido que está incluido en la Convención Interamericana de Derechos Humanos, también conocida como el Pacto de San José, además de otros principios vinculados con la administración judicial.
En ese marco, la CIDH “insta a la celebración pacífica de elecciones de autoridades judiciales previstas para el 15 de diciembre”, dice también el comunicado, emitido horas después de que los magistrados Espada y Hurtado, emitieron la sentencia 0770/2024, que declara desiertas la convocatoria a las elecciones para magistrados del TCP y del Tribunal Supremo de Justicia en Pando, Beni, Santa Cruz, Cochabamba y Tarija.
Un encuentro interinstitucional ratifica que la cuestionada sentencia constitucional, que puso en duda las judiciales, “incurre en una flagrante violación del principio de preclusión”