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Cancillería solicita la detención preventiva, con fines de extradición, de Maximiliano Dávila
Para el ala 'evista' del MAS, esto es un ataque directo al expresidente Evo Morales Ayma
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La extradición de Dávila se puede dar en 90 días; el TSJ tiene el expediente clasificado
Desde 2022, Estados Unidos envió al menos tres informes complementarios a Bolivia para la solicitud de extradición de Maximiliano Dávila. El frondoso y delicado informe del exjefe antidroga pasó a manos del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ)
4 de agosto de 2024, 4:00 AM
Bajo el clasificado como Urgente es que el jueves 1 de agosto la Cancillería del Estado Plurinacional de Bolivia envió una carta al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en el que le solicita que tome los recaudos correspondientes en atención a la solicitud de Detención Preventiva con fines de Extradición promovida por Estados Unidos en contra de Maximiliano Dávila Pérez.
El exjefe de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn), identificado como ‘Macho’ en la gestión del expresidente Evo Morales en 2019, es requerido desde 2020 por la Corte del Distrito Sur de Nueva York, acusado por los delitos de tráfico ilícito de drogas y delitos relacionados con arma de fuego.
Iván Lima, ministro de Justicia y que fungió por algunos días como canciller interino ante el viaje de Celina Sosa, informó a EL DEBER que este proceso cuenta con dos etapas, como la solicitud de detención preventiva con fines de extradición, y el segundo paso es la aplicación del debido proceso como la comunicación a los sujetos procesales sobre el inicio de la extradición para tomar una decisión judicial en extraditar o no al exzar antidroga y que podría durar entre 10 a 90 días.
“Es un proceso bastante rápido, expedito que tiene que ser tramitado por esta instancia. El parámetro para otro tipo de extradiciones en esta materia es de 30 días y la solicitud final puede tomar otros 60 días. En casos como éste se han demorado alrededor de 90 días las solicitudes de extradición, aunque eso está sujeto a un debido proceso que el Órgano Judicial lo tramitará”, explicó.
La autoridad negó que el gobierno de Luis Arce sea quien haya pedido la extradición de Dávila, ya que asegura que este procedimiento es estrictamente jurídico en el ámbito de un tratado de extradición que data desde 1996 y que el rol del Ejecutivo ha sido de responder a la solicitud del gobierno de Estados Unidos que data desde el 1 de febrero de 2022 que luego fue complementada por solicitudes de informaciones en tres ocasiones, la última se dio el 13 de enero de 2023.
El expediente que presentó EEUU en contra de Dávila ha pasado a manos de Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) instancia que analizará el informe, según pudo conocer esta casa periodística.
Caso pasó a magistrado
El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Marco Ernesto Jaimes, detalló a EL DEBER que el caso sobrecayó en el magistrado tramitador, Ricardo Tórrez de quien aseguró deberá verificar si la solicitud de EEUU para ver cumple con los requisitos.
Informó que posteriormente se deberá presentar el proyecto de auto supremo de detención preventiva que circulará en la sala plena de los magistrados, para luego dictar el auto supremo de detención, comisionar un juzgado para ejecutar la detención y remitirla a la Fiscalía.
“En el plazo de 20 días se debe resolver la extradición de fondo, es decir si se declara procedente o se niega. Si no hay observación se puede alargar hasta tres meses, pero esto es un procedimiento rápido porque el sujeto está ubicado con detención preventiva”, enfatizó.
Un informe oficial de inteligencia de la Felcn arroja que Dávila pudo usar su posición oficial “para proteger aeronaves utilizadas en el transporte de cocaína y su distribución en EEUU y Europa”.