Las denuncias contra Evo Morales y Luis Arce por trata y tráfico de personas, estupro agravado y abuso sexual están en medio de la batalla política que vive el Movimiento Al Socialismo (MAS). Mientras, las presuntas víctimas no reciben atención ni del Estado ni de los denunciados. En la oposición ven que ambos líderes del MAS deben dejar a un lado su intención de ingresar a la carrera electoral con miras a las elecciones generales de 2025.
Evo Morales es acusado de trata y tráfico de personas y estupro agravado por embarazar supuestamente a una adolescente de 15 años en 2016. Además, existen denuncias similares en Warnes, Cochabamba y Santa Cruz; sin embargo, no existen nada oficial. Por ahora, la única demanda que es investigada está en Tarija, donde el expresidente debía brindar su declaración informativa el pasado jueves, pero no llegó. Por eso, la Fiscalía de esa región anunció que se emitirá una nueva orden de aprehensión.
La directora de Género, Generacional y Familia de la Alcaldía de Cochabamba, Tatiana Herrera, informó que esa instancia recibió dos nuevas denuncias de violación contra Morales. Según la funcionaria, los casos datan de 2014, cuando las denunciantes aún eran menores de edad. Herrera señaló que una de las víctimas llegó en esa gestión al Palacio de Justicia a trabajar con Evo Morales, misma que fue convocada por un sindicado del Trópico de Cochabamba.
“Básicamente se han contactado con mi persona. Ellas están sumamente aterrorizadas, atemorizadas como la persona que ha generado el vínculo. Ellas se encuentran a buen resguardo, pero de todos modos vamos a llevar a cabo la estrategia de los casos de las mismas”, dijo Herrera.
Sin reparación
La funcionaria de la Alcaldía de Cochabamba lamentó que no exista reparación a las víctimas por los daños cometidos y admitió que por el temor en su momento no se presentaron las denuncias ante la justicia.
“Los padres confiaban que le iban a dar un trabajo de limpieza. No puede ser que los padres den consentimiento para que una menor vaya a trabajar. Más allá de eso, se encontraba en Palacio de Justicia, lamentablemente Evo Morales abusando de su poder”, cuestionó Herrera.
La funcionaria añadió que el segundo caso se dio en circunstancias parecidas a la primera, que también fue llevada al Palacio de Justicia, pero en otro contexto. Este caso “tiene que ver por la custodia de la vía militar que él (Morales) tenía”. “Eran menores de edad. Ambas provienen del sector del Trópico de Cochabamba, donde ya en esas épocas se tenía totalmente naturalizado la entrega al señor Evo Morales de las menores y mediante los sindicatos del trópico”, dijo.
La funcionaria cochabambina además dijo que se tiene “varios” antecedentes sobre estos hechos, pero que “lamentablemente son casos que han sido rechazados por la Justicia como los seis casos que han llegado al Ministerio Público y el doctor (Juan) Lanchipa no ha dado paso a los mismos, generando un vacío de justicia donde no solo se vulnera los derechos de los niños, sino de las personas”.
Víctimas asustadas
“Estoy asustada con todo”. Así resume lo que vive ahora una presunta víctima de uno de los casos abiertos contra Evo Morales por estupro y trata y tráfico. Ella no quiere dar entrevistas por temor. No apunta al líder cocalero ni tampoco a autoridades judiciales o gubernamentales. Por ahora, ella quiere que pase el tiempo. Ningún proceso por estupro o trata y tráfico de personas contra Morales avanzó.
Una de las supuestas víctimas de Evo Morales tuvo un breve contacto con EL DEBER y admitió que no existe reparación ni atención de la justicia en este tipo de casos. “Estoy asustada con todo. Gracias por preocuparse. No quisiera que me entreviste. Me da vergüenza (lo que está pasando), que pase un poco”, fue el mensaje que envió la víctima a este medio.
La abogada Paola Barriga relató que hace cuatro años interpuso una denuncia por estupro contra el exmandatario y sus dirigentes allegados porque se evidenció el delito de estupro en una comunidad. La jurista contó que una madre de una víctima fue obligada por la misma comunidad a entregar a su hija para que asista a una “reunión” con Morales y varios dirigentes sindicales.
"Obligaron a las mamás que tenían hijas menores de entre 12 y 15 años. No podían llevar a sus hijas que sean mayores. Las llevaban, las conducían hasta las reuniones donde ellos se encontraban. Solo en esa comunidad había como diez víctimas, no estamos hablando de una sola y es así que se presentó (la denuncia), pero todo fue negado, todas las denuncias que fueron interpuestas ante el Ministerio Público fueron negadas y esto hace que (Juan) Lanchipa tenga que responderle al país”, reprochó Barriga.
Según la abogada, la madre de una víctima le comentó que cuando llegaban a esas reuniones no solo Evo estaba en el lugar, sino también existía la gente que lo acompañaba y también ellos abusaban de estas jovencitas. “Podíamos probar que hubo violación. Estos casos se tienen que reabrir y que no queden en la impunidad”, declaró Barriga.
La jurista lamentó que la justicia y las instancias que corresponden no se acerquen a las supuestas víctimas para intentar reparar daños o impulsar medidas a favor de estas personas. “No se sabe si se pasan pensiones familiares en caso de que se haya reconocido la paternidad. No sabemos si las madres de las víctimas están de acuerdo en que estos casos sigan así estancados”, dijo.
El Gobierno, mediante el Servicio Plurinacional de Asistencia a la Victima (Sepdavi), es parte del proceso que se desarrolla contra Evo Morales por los delitos de trata y tráfico y estupro agravado.
Contra Luis Arce hay una demanda en su contra de una joven quien acusó al jefe de Estado de haberle embarazado y luego perdió el bebé producto de un accidente. La mujer no presentó pruebas y dijo que tampoco se acercaron las instancias correspondientes para intentar remediar los supuestos daños.