El Gobierno retrocedió ante la creciente protesta y el presidente del Estado, Luis Arce, dio por paralizada la aplicación del Decreto 5143 y dejó en manos del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) una decisión final luego que su propia bancada de diputados presentara un recurso de inconstitucionalidad; mientras en el país se articulaba movilizaciones en contra de esta norma.

“Hemos visto en los medios de comunicación, se han presentado algunos recursos para que sea el Tribunal Constitucional el que pueda manifestarse al respecto, bueno pues, esperaremos qué dice el Tribunal Constitucional, pero nosotros de ninguna manera hemos querido afectar la propiedad de la gente, es lo que menos ha pasado por nuestra mente”, dijo el Jefe de Estado en conferencia de prensa.

El 10 de abril pasado el Gobierno promulgó el Decreto 5143 que regula la documentación de propiedades en Derechos Reales. Casi un mes después los sectores opositores iniciaron una serie de protestas y los trabajadores gremiales, que ya hicieron retroceder al Gobierno en tres oportunidades, iniciaron sus protestas, por lo que pidieron la abrogación del decreto.

La tarde de este jueves, la bancada arcista presentó una acción de inconstitucionalidad abstracta en contra del Decreto 5143 y también pidieron aplicar medidas cautelares, lo que significa que se solicita la paralización en su aplicación. Horas más tarde, el presidente dio por admitido y paralizado el decreto.

“Lo que nosotros queríamos era ordenar la casa de Derechos Reales, que haya un sistema único; en este momento hay 34 sistemas que están actuando independientemente y lo mejor es tenerlo en uno solo donde se tome toda la seguridad. Es en este sistema donde haya auditorías para que no exista justamente la queja de que ‘mi casa, mi terreno se ha vendido a otra persona’, eso es lo que nosotros queríamos precautelar”, dijo en conferencia de prensa.

El miércoles el ministro de Justicia, Iván Lima, salió en una conferencia de prensa y dijo que el Gobierno no retrocedería a las presiones porque el decreto en realidad reglamentaba una ley promulgada en 1887.

Pero los abogados explicaron que la propia ley de 1887 de Derechos Reales no está adecuada a la actual Constitución y que la Ley del Órgano Judicial establece que en materia de Derechos Reales se requiere de una ley especial. Pero para el ministro de Justicia, un decreto bastaba para las reformas.

El Gobierno no recurre a una ley porque tiene la Asamblea paralizada, pues los opositores y el evismo se niegan a instalar una sesión en la Cámara de Diputados mientras no se trate dos leyes que paralizan a los magistrados autoprorrogados; mientras que en Senado está en manos del evismo, que no viabiliza los pedidos del Gobierno. Ante ese panorama la elección fue un decreto que no pueden aplicar.

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