El expresidente Evo Morales asegura que los conflictos sociales que vivió el país y la ley que garantiza las elecciones para el 18 de octubre “blindan” la sigla del MAS, ante las denuncias que piden la anulación de su personería jurídica porque su candidato, Luis Arce, difundió datos de una encuesta.

El líder cocalero también reveló que tiene informantes en el Tribunal Supremo Electoral (TSE), quienes le advirtieron la existencia de presiones para que el “instrumento político” no participe de los comicios generales.

“Miembros del Tribunal Supremo Electoral me informaron que hay fuerte presión interna y externa para eliminar al MAS y los compañeros asambleístas blindaron, esperamos que haya una nueva ley para cambiar normas que están orientadas a eliminar al MAS. Si no había esta movilización, hubiéramos ido a elecciones con una resolución administrativa, eso no estaba garantizado”, sostuvo ayer la exautoridad en entrevista con radio Kawsachun Coca.

Morales negó que existan “traidores” dentro de la movilización, que ocasionó 11 días de bloqueo de caminos, dejando sin insumos médicos ni alimentos a algunas regiones del país y ocasionaron, según el Gobierno, la muerte de más de 40 personas por falta de oxígeno.

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“No hay traidores, ni en el Pacto de Unidad, ni en la COB y menos en la Asamblea, la derecha quiere que estemos divididos, acusando de traidores (…) Algunos piden que Evo deje de ser jefe de campaña, quieren que nos destrocemos como movimientos sociales”, agregó, instando a que exista “unidad” entre sus simpatizantes.

El representante del MAS admitió que realiza campaña política desde su refugio en Argentina, teniendo hasta 10 intervenciones telefónicas por día. “¡Estamos en tiempos difíciles, aquí se sabe quién es quién!”, recalcó, tras revelar que se reunió hasta la madrugada del domingo con las direcciones departamentales y nacionales de ese partido político.  

A inicios de este mes, el TSE envió al Tribunal Constitucional la acción de inconstitucionalidad presentada por el MAS contra el artículo 136 de la norma electoral, que prohíbe comentar encuestas internas y dispone de la anulación de la sigla del partido. Se espera un fallo al respecto.

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