La Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados iniciará esta semana el tratamiento del proyecto de ley 280 para el “fortalecimiento a la lucha contra la legitimación de ganancias ilícitas”. El ministro de Justicia, Iván Lima, anunció ayer que acudirá al Legislativo para defender la propuesta.

La iniciativa plantea elevar la pena por terrorismo de 20 a 25 años de prisión. El delito es clave en casos como el denominado ‘Golpe I’, que tiene relación con la crisis política de 2021 y la forma en que terminó la presidencia de Evo Morales.

La propuesta, que ya generó un airado rechazo de las alianzas de oposición en el Legislativo, está formada por dos artículos, a diferencia de la abrogada norma de 2021. Ese año hubo una movilización nacional contra la norma, pues sectores como los gremiales reclamaron la vulneración de sus derechos y los riesgos de perder sus bienes por efecto de procesos de investigación.

Lima aseguró que la nueva ley no tiene nada que ver con la Ley 1386 que fue abrogada tras una ola de protestas sociales en todo el país y un paro cívico que duró nueve días en Santa Cruz. Además, garantizó que esta ley no afecta el derecho a la protesta ciudadana y que tiene que ver con los compromisos internacionales asumidos por el país en las 40 recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Adelantó que una delegación del organismo llegará al país para ver los avances sobre esta temática.

“Esto es para investigar, por ejemplo, los ítems fantasmas de Santa Cruz, las 41 ambulancias de Potosí. Para investigar la corrupción de malos políticos que le roban al país”, dijo Lima e insistió: “La ley deja claramente establecido que la protesta social es un derecho plenamente consolidado”, añadió la autoridad a la prensa.

El proyecto señala que las acciones de movilización social, “no constitutivas” que están detalladas en la futura norma que tengan por finalidad la reivindicación o ejercicio de derechos humanos, derechos sociales, o cualquier otro derecho constitucional, no serán sancionados como terrorismo”. La norma detalla siete posibles formas para estos cargos, incluida la desestabilización al gobierno que sea electo.

El proyecto modifica la Ley 262 que no fija ninguna excepción para el ejercicio de las protestas. El gobierno espera aprobar el proyecto en el curso de este mes.

RECHAZO
Los gremiales y transportistas anuncian movilizaciones contra esta normativa. Consideran que se está vulnerando derechos.

INFORME
La CIDH reiteró sus observaciones a la vigencia ambigua del tipo penal de terrorismo que uso el Estado en diferentes coyunturas políticas, mientras que la GAFI demanda independencia de la justicia en sus observaciones internacionales.