El Gobierno nacional pone en duda el poder de convocatoria de las instituciones cruceñas sobre el paro de 48 horas que se llevará adelante el 8 y 9 de agosto contra la postergación, hasta 2024, del Censo Nacional de Población y Vivienda, si las autoridades nacionales no atienden las demandas planteadas desde la región. Por su parte, la Policía adelantó que garantizará la libre circulación en caso de que se ejecute la medida.

El ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, sostuvo que los representantes que convocan a la protesta no necesitan trabajar porque “tienen una herencia”. Enfatizó que la población sí necesita hacerlo para recuperar su economía.

“Lamentablemente ellos, pues, tienen una herencia, no necesitan trabajar, pero la gran mayoría del pueblo boliviano tiene créditos, tiene que pagar sus cuotas al banco si no lo pierde todo, por tanto, necesitamos seguir trabajando, reconstruyendo la economía, en beneficio de todo el pueblo boliviano”, afirmó.

Señaló que solo algunos empleados de la administración regional de Santa Cruz participaron de la cumbre en la que se definió la medida de presión. “Veamos lo que sucede en Santa Cruz, ellos han convocado a una cumbre en un estadio municipal, y al ver que no tenían poder de convocatoria, se reunieron ahí, en el Colegio Médico, entre funcionarios públicos de la Gobernación”, criticó.

Al respecto, el comandante general de la Policía Boliviana, Orlando Ponce, anticipó el despliegue de uniformados en la capital cruceña, para garantizar que la ciudadanía desarrolle sus actividades de forma normal.

“Existe gente que quiere trabajar, que quiere desarrollar sus actividades con normalidad y nosotros estamos en la obligación de garantizarlo (…) La medida que asumimos es la de siempre, el cumplimiento de la Constitución Política del Estado y el derecho de las personas a la libre circulación”, agregó.  

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