La presidenta de la comisión mixta de Constitución, Patricia Arce (MAS-ala 'evista'), que dirige el proceso de preselección de candidatos a los altos tribunales judiciales del país, censuró el fallo de los magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y aseguró que los magistrados fueron electos con un reglamento; sin embargo, en junio de 2017 la Asamblea aprobó la ley 960 que era una ley corta para la preselección y elección de magistrados.

“Lo que ocurrió el 2017 también fue por un reglamento aprobado por Resolución de Asamblea Legislativa Plurinacional No. 05/2017-2018. Ambos reglamentos gozaban de presunción de constitucionalidad, lo irónico es que las y los actuales magistrados del TCP fueron preseleccionados con este último reglamento”, señala un boletín de la Cámara de Senadores.

La sentencia constitucional 0060/2023 publicada este lunes declaró como inconstitucionales el reglamento con el que se pretendía preseleccionar a magistrados; la misma suerte corrió la ley 1513 que fue aprobada cuando el reglamento estaba en observación.

La situación de 2017, cuando hubo la última elección judicial fue similar a lo que ocurre ahora. El 26 de mayo de 2017 la Asamblea aprobó un reglamento de preselección de candidatos, la misma tuvo escasa convocatoria y los políticos de entonces elaboraron una ‘ley corta’, la misma fue promulgada el 23 de junio de 2017. Un día después, el 24 de junio, La Asamblea, nuevamente aprobó un reglamento, dejando de lado el primero. En ese entonces el MAS tenía los dos tercios necesarios para aprobar cualquier norma y el TCP no recibió ninguna demanda.  

La ley de ese entonces se denominó, “Ley transitoria para el proceso de preselección y elección de máximas autoridades del Tribunal Constitucional Plurinacional, Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental y Consejo de la Magistratura”, o ley 960.

En esta oportunidad se replicó el proceso. El 27 de marzo de este año, la Asamblea forzó la aprobación de la resolución 005/2022-2023 que fue el primer reglamento. Esa decisión fue impugnada y el 13 de abril un tribunal del Beni mandó a paralizar el proceso. Una semana después, el 20 de abril, la Asamblea aprobó un nuevo reglamento acatando las observaciones del fallo judicial; sin embargo, el 27 de abril el diputado, Leonardo Ayala acudió al TCP y logró paralizar el proceso.

“Estoy segura que detrás de este fallo existen algunos intereses no sólo de los magistrados, (sino) que tiene el fin de obstaculizar las elecciones, prorrogar su mandato y con un trasfondo político electoral”, señala el boletín que mandó a publicar la senadora del MAS.

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