El fiscal general del Estado, Roger Mariaca, recibió la solicitud formal del diputado Óscar Balderas de la alianza Comunidad Ciudadana (CC) para reabrir al menos cinco casos emblemáticos que tuvieron lugar en el Chapare, vinculados con delitos de tortura y asesinato.

Presentado el 14 de noviembre en Sucre, el memorial reclama por “impunidad” de estos casos, que tienen que ver con delitos de lesa humanidad y con graves vulneraciones a los derechos humanos, de acuerdo con la legislación internacional.

“Estos casos datan de hace más de 20 años, pero no pueden prescribir. El Estado boliviano tiene responsabilidad de investigarlos, de lo contrario enfrentará demandas internacionales”, mencionó el legislador.

Balderas enfatizó que la región del Chapare ha sido históricamente un territorio marcado por el crimen organizado y la débil presencia del Estado, situación que ha causado dolor y sufrimiento a muchas familias bolivianas.

Los casos mencionados en su solicitud son:

- El asesinato de los esposos David Andrade y Graciela Alfaro (2000), quienes fueron víctimas de tortura antes de ser ultimados.

- La tortura y el homicidio de los militares Juan Clemente Lazarte y Julio Veramendi Torrico (2000).

- El asesinato del soldado Mario Copa Catacora (2003).

- El caso de las hermanas Terán (2008), implicadas en narcotráfico y en asesinato de los esposos Andrade.

- La muerte del médico Michael Olivares (2013), también bajo circunstancias de tortura.

"Son solo algunos de los casos conocidos, cuyas denuncias e investigaciones han quedado inconclusas o archivadas. Además, se tiene conocimiento de otros crímenes que ni siquiera llegaron a ser denunciados", anotó el legislador. 

“La justicia no es solo una respuesta a delitos pasados; es la base para construir un Estado más sólido y democrático”, expresó.

En su carta, recordó que la Constitución y la Ley Orgánica del Ministerio Público obligan al Estado a defender la legalidad y garantizar que no haya espacio para la impunidad.

Balderas instó a Mariaca a actuar con firmeza, subrayando que una justicia efectiva es clave para fortalecer la institucionalidad y recuperar la confianza ciudadana en las instituciones del país.

El pedido se enmarca en un contexto más amplio de cuestionamientos sobre el rol del Estado en regiones donde el narcotráfico y el crimen organizado han ganado terreno, debilitando el Estado de derecho y dejando a las familias afectadas en un estado de desamparo.

Hasta el momento, el Fiscal General no ha emitido un pronunciamiento público sobre esta solicitud, pero el llamado de Balderas agrega presión sobre las autoridades para dar respuesta a demandas de justicia que han permanecido sin resolver durante años.

Lea también

​