La Defensoría del Pueblo presentó este lunes un proyecto de ley para garantizar una protección integral a niñas, niños y adolescentes que quedaron en situación de orfandad por la muerte de su padre o madre o de ambos, producto del Covid-19.
La iniciativa consiste en la entrega de un subsidio alimenticio a menores de dos años, becas escolares y universitarias, acceso a empleo, acceso a vivienda social y estabilidad laboral para quienes tengan la guarda o tutela legal de esta población.
La propuesta legal, entregada a la Asamblea Legislativa Plurinacional (APL), se basa en la preocupación que existe frente a los efectos inmediatos que deja la pandemia, que además del número de contagios y muertes por el virus, está el aumento de la violencia en los hogares, la desventajosa situación económica, la falta de empleo, el cierre de escuelas, la falta de acceso universal a servicios básicos y otros que repercuten en esa población.
La titular de la Defensoría, Nadia Cruz, manifestó que es importante y necesario que el Estado intervenga con medidas reforzadas y afirmativas para garantizar y asegurar el bienestar y el cuidado de esta población, sobre todo cuando se encuentran en un estado de desprotección y mayor vulnerabilidad por la pérdida de su padre o madre o de los dos progenitores por causa del virus.
Sus declaraciones:
El proyecto de ley elaborado por la institución defensorial incluye, entre varias medidas, la creación del “subsidio de asistencia al desarrollo nutricional” que consiste en la entrega de un paquete de productos alimenticios en especie, cada uno equivalente a 300 bolivianos, a niñas y niños hasta los dos años de edad; otorgar becas, apoyo y seguimiento pedagógico para garantizar la permanencia escolar, y que el Ministerio de la Presidencia dote equipos tecnológicos y material educativo.
También se propone que las universidades públicas otorguen becas anuales de ingreso, apoyo académico, permanencia, trabajo y otras medidas vigentes hasta los 25 años de edad.
En el proyecto de ley, si bien no está incorporado un bono económico (mensual, bimensual, anual o único) como lo hizo Perú, y lo analizan en Brasil, Argentina y Paraguay, la Defensoría del Pueblo considera que sí es necesario contar con uno, pero que debe ser analizado en términos de monto, beneficiarios y sostenibilidad por el Órgano Ejecutivo, considerando el interés superior del niño y la situación económica del país.