El ex ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, realizó transferencias por Bs 1.320.000 durante el conflicto poselectoral. El excolaborador de Evo Morales permanece refugiado en la residencia de la embajada de México en La Paz.

Los datos fueron proporcionados por el jefe de la División de Corrupción Pública de la FELCC de La Paz, Luis Fernando Guarachi, quien detalló que los movimientos económicos tuvieron lugar entre el 11 al 24 de noviembre de 2019, habiéndose identificado a cinco personas que recibieron el dinero.

Sostuvo que con esa información se debe abrir un nuevo proceso judicial contra el exministro, por omisión de su declaración jurada al dejar la función pública y legitimación de ganancias ilícitas.

La documentación fue remitida a la comisión de fiscales que ya indaga a la exautoridad del MAS por la presunta comisión de los delitos de terrorismo, instigación pública a delinquir, sedición y financiamiento al terrorismo.

Lea también

USTED ELIGE

Según un informe, Quintana y mexicanos convirtieron el piso 17 de la Casa Grande en 'cuarto de guerra' en días claves del supuesto fraude electoral

Un informe de la Policía sobre las investigaciones del caso fraude electoral, señala que una decena de funcionarios estatales fueron identificados por las autoridades como actores directos. También figuran dos ministros

El jefe policial también anticipó que se convocará a declarar a las cinco personas que habrían recibido las transferencias, indicando que se presume que el monto fue utilizado para promover actos de convulsión social.

Además, Quintana es señalado por montar dentro de la Casa Grande del Pueblo el aparato que digitó el fraude a favor del MAS en los comicios de octubre de 2019, con la participación de una “célula” de ese partido al interior del ente electoral y con la ayuda de ciudadanos extranjeros.

Lea también

USTED ELIGE

Gobierno inicia proceso contra Quintana y el exdirector de la UPRE por desviar un préstamo para comprar medios

El ministro de la Presidencia lamentó que se utilizaran los recursos venezolanos para adquirir ATB y La Razón-Extra. Las dos exautoridades son denunciadas por cuatro delitos