El pleno de la Cámara de Senadores aprobó este martes el proyecto de Ley de Permanencia Obligatoria en Territorio Nacional de autoridades de los diferentes niveles del Estado. La norma obliga a que presidente, vicepresidente, ministros, gobernadores y alcaldes, entre otros, deban quedarse en el país hasta tres meses después de haber dejado sus cargos, para que rindan cuentas.
El documento, promovido por la mayoría del MAS, consta de cuatro artículos y una disposición final. Indica que los titulares que administren recursos fiscales deben permanecer en el país, “a efecto de dar los informes que se requieran a las autoridades entrantes, en el marco de la transparencia y precautelando los intereses del Estado”.
La norma se aplica al presidente, vicepresidente, ministros de Estado, asambleístas plurinacionales que hubiesen cesado en su mandato por cualquier motivo, y también a gobernadores, alcaldes y máximas autoridades ejecutivas de las empresas e instituciones públicas, mixtas y privadas que administren dineros públicos que hubiesen cesado en su mandato o fueron destituidos, “para dar continuidad a la gestión de Gobierno y evitar la impunidad ante un posible acto de corrupción”, según el documento.
El documento, que ahora debe ser revisado por Diputados, encarga a la Contraloría General remitir a la dirección de Migración el listado de las autoridades señaladas y establece que quienes incumplan la disposición serán procesados penalmente.
“Esta ley lo único que pretende es que los maleantes no se escapen”, afirmó el senador del “instrumento político”, Ciro Zabala, enfatizando que se busca prevenir hechos de corrupción.
La normativa alcanzará a las autoridades nacionales, departamentales y municipales. La proyectista dijo que este proyecto de ley busca evitar que los ministros y la presidenta Jeanine Áñez abandonen el país como lo hizo Gonzalo Sánchez de Lozada.