El primer vicepresidente de la Cámara de Senadores, Omar Aguilar, presentó un proyecto de ley para asegurar que centros de salud privados que existen en el país atiendan de forma obligatoria a los pacientes con coronavirus.
La norma contempla la transferencia de competencias operativas del subsector privado de salud al ministerio del área, con la finalidad de que las clínicas y hospitales privados puedan atender a los pacientes con el mal, una vez que la capacidad operativa del sector público sea rebasada.
El legislador explicó que el objetivo de la norma es evitar que el sistema de salud público colapse si se incrementan los casos de coronavirus en el país y de esa forma se pueda garantizar el acceso a la salud para las personas que llegasen a contagiarse.
“Creemos que en esta coyuntura especial el sistema de salud privado debe coadyuvar a combatir esta difícil situación en salud que nos encontramos, no es una transferencia de inmuebles ni es una expropiación simplemente es una transferencia del funcionamiento y de la operación al Ministerio de Salud”, declaró el asambleísta del MAS.
De acuerdo al proyecto de ley, los centros de salud privados – en todos sus niveles – tienen la obligación de atender a las personas que presenten síntomas del coronavirus y recibir un pago del Ministerio de Salud por ese servicio, además que deberán recibir del ente rector de la salud todos los insumos, materiales y equipos para la atención de estos pacientes.
La propuesta indica que todos los centros de salud privados deberán reportar la situación epidemiológica y evolución de los pacientes que sean atendidos durante esta etapa en la que se tendrán presentes los casos de coronavirus.
Ayer, el ministro de Salud, Aníbal Cruz, anticipó que, de ser necesario, se hará uso de todos los insumos necesarios para combatir la pandemia del coronavirus en Bolivia, explicando que, incluso, en otros países se optó por hacer uso centros médicos particulares. “En otros países han intervenido los hospitales privados, los han nacionalizado”, manifestó.
Los familiares denunciaron que las clínicas privadas no querían alquilar las unidades de terapia intensiva. Las autoridades anunciaron una investigación incluso contra estos centros médicos. La carta que escribió la familia fue transcrita en su totalidad