Navegación Aérea y Aeropuerto Bolivianos (Naabol) informó que los aeropuertos de Guayaramerín, Rurrenabaque (de Beni) y Viru Viru (Santa Cruz) no tienen autorización de despegue ni aterrizajes de aeronaves, debido a la escasa visibilidad por el humo en la misma pista.
A partir de las 6:00, se suspendieron las actividades de despegue y aterrizaje. Cabe señalar que, por normativas y reglamentaciones, las condiciones mínimas de visibilidad requeridas para todas las operaciones de aterrizaje deben ser de 800 metros, pero se tiene reportado una visibilidad de 600, reducida por el humo.
Las operaciones se reanudarán de manera inmediata en cuanto mejoren las condiciones de visibilidad.
"Cabe señalar que por normativas y reglamentaciones las condiciones mínimas de visibilidad requeridas para todas las operaciones de vuelo, tanto en el despegue y aterrizaje de las aeronaves deben ser de 5.000 metros, pero se tiene reportado una de visibilidad de 3.000 reducida por el humo", reza el documento.
"Por normativas y reglamentaciones las condiciones mínimas de visibilidad requeridas para todas las operaciones de vuelos, tanto en el despegue y aterrizaje de las aeronaves deben ser de 2.000 metros, pero se tiene reportado una visibilidad de 1.000 metros, reducida por el humo", remarca el comunicado.
Los incendios se agravan y ya consumieron más de 10 millones de hectáreas, según la Fundación Tierra. Hay comunidades cercadas por las llamas, casas quemadas y una densa humareda cubre el ambiente, unas 10.125.400 hectáreas (ha) se han quemado hasta el 30 de septiembre de la presente gestión en país.
Esta cifra supera el récord histórico registrado en el año 2019, cuando se quemaron alrededor de 5,3 millones de hectáreas en los incendios que azotaron el país.
La diferencia es de 4,8 millones de hectáreas, lo que equivale a un aumento del 90%. Y mientras bomberos y comunarios unen fuerzas para enfrentar las llamas, hay gente que usa el fuego para consolidar asentamientos, donde también se infiltra el tráfico ilegal de tierras.
Denuncian que utilizan el fuego para consolidar asentamientos. El Gobierno también señala que los incendios son premeditados. Un informe muestra que entre 2021 y 2023 el desmonte se multiplicó por seis. Se abrieron 106 procesos penales