Tres son los frentes de protesta con los cuales el Gobierno del presidente Luis Arce deberá lidiar en esta semana. El transporte pesado de El Alto inició el bloqueo, por 48 horas, de las carreteras, los gremialistas marcharan a partir de hoy de Patacamaya hacia La Paz y vecinos de algunas ciudades del país salieron con sus ollas a protestar por el alza de precio de algunos alimentos. La escasez de combustible y dólares, además de la renuncia de algunas autoridades son las demandas de estos sectores.

Héctor Mercado, presidente de la Cámara Nacional de Transporte, en un contacto con EL DEBER indicó que el ampliado nacional que se realizó en la ciudad de Oruro, con representantes del transporte pesado de Santa Cruz, La Paz y Cochabamba entre otros, definieron ingresar a la medida de presión a partir del lunes 17 del presente mes.

“El 17 ingresamos al bloqueo indefinido de caminos a nivel Bolivia, que incluye cierre de fronteras y movilizaciones”, señaló el dirigente nacional.

De este encuentro también emanó un voto resolutivo con ocho puntos donde, además de ratificar el bloqueo indefinido, también solicitaron “diálogo exclusivo” con el presidente del Estado, Luis Arce, pidieron las renuncias del ministro de Obras Públicas, Édgar Montaño, la presidenta interina de Aduana Nacional, Karina Serrudo y del presidente interino de Servicio de Impuestos Nacionales, Mario Cazón, además del inmediato nombramiento de nuevas autoridades para aduana e impuestos nacionales.

También exigieron al Gobierno nacional, el abastecimiento permanente de combustible, sobre todo diésel, en todo el territorio nacional, y que se garantice la circulación de dólares.

Otras dos exigencias de los transportistas son que el Ejecutivo otorgue la seguridad jurídica a las empresas de transporte pesado y que se abrogue el Decreto Supremo (DS) 5146 del 12 de abril de 2024, que regula los contratos entre empresas de transporte internacional y transportistas.

Finalmente, en el último punto desconocen a los dirigentes Luis Añez, Ramiro Sullkani y Rocío Álvarez.

La semana pasada, este sector paró durante 48 horas y bloqueó varias carreteras en diferentes puntos del país con las mismas exigencias.

Tras las dos jornadas, se declaró un cuarto intermedio y advirtieron que, si hasta el 14 de junio no eran convocados por el presidente Arce, el lunes 17 reiniciarán la medida de presión.

El viceministro de Coordinación y Gestión Gubernamental, Gustavo Torrico, cuestionó a la dirigencia de la Cámara de Transporte Pesado por no acudir al diálogo y aseguró que solo buscan proteger su negocio al rechazar el decreto 5146.

“Para el traslado de grandes cantidades de carga para el mismo Estado, llámese Teleférico o Bulo Bulo (planta de urea), ellos (empresarios) reclutan a conductores propietarios de sus vehículos, les cobran y les hacen firmar un documento notariado que dice que son parte de su sociedad de ese señor. Ese señor es el que hace el negocio con el Estado, y los otros son los empleados, esos son los que están en la movilización, no el transportista que tiene su camión”, dijo Torrico en conferencia de prensa.

Explicó que con el decreto 5146 se anula ese trámite ante la Cámara y se dispone que estos contratos de incorporación sean registrados ante el Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, a través del Viceministerio de Transportes, y de forma gratuita.

“El ministro Edgar Montaño los ha convocado dos, tres y cuatro veces (al dialogo), y no quieren asistir, es una doble moral y doble cara al decir ‘sí queremos diálogo, pero no con el ministro’, ¿con quién quieren? con el presidente (dicen). El presidente (Luis Arce) es la última instancia, todos los que hacemos política lo sabemos”, afirmó.

Por si parte, el ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño, dijo que se instalaran mesas técnicas de dialogo con diferentes sectores para tratar los temas combustible y dólares, entre otros. Agregó que se tiene acuerdos con el 90% de los transportistas y que solo son dos dirigentes, Héctor Mercado y Juan Yujra, quienes se oponen al dialogo.

Al finalizar la tarde del lunes, efectivos de la Policía Boliviana levantaron un punto de bloqueo en Vilaque, (La Paz), que conecta a esta región con Oruro. La protesta fue instalada por transportistas que reclamaban la falta de combustible y dólares.

Según el reporte policial se utilizaron agentes químicos y dos grúas para liberar la vía. Tras el operativo, tres personas fueron arrestadas.

El anuncio de bloqueo indefinido ha levantado la preocupación en algunas instituciones, por ejemplo, la Cámara Agropecuaria de Cochabamba advirtió por medio de un comunicado que el bloqueo en la ruta que los une con Santa Cruz genera pérdidas de hasta $us 10 millones por día.

El documento añadió que, según informes del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), en 2023 Santa Cruz sufrió más de 140 días de bloqueos y Cochabamba más de 64 días. En lo que va del 2024, el departamento cochabambino acumuló más de 45 días de bloqueos.

Esta medida de presión, según los agropecuarios, genera un alto impacto en las fuentes laborales y fomenta la migración del campo a la ciudad.

“Cochabamba, con una vocación productiva predominantemente agrícola, cuenta con más de 400.000 familias trabajando en este sector. Los bloqueos actuales en Yapacaní y las amenazas de nuevos bloqueos agravan la situación, comprometiendo la seguridad alimentaria y el empleo”, sostiene el comunicado.

Por último, la Cámara Agropecuaria de Cochabamba hace un llamado urgente a las autoridades competentes para que asuman su rol constitucional y garanticen el libre tránsito.

El otro frente de conflicto

El sector gremial, tiene previsto hoy iniciar la marchar de Patacamaya hacia La Paz exigiendo la abrogación del DS 4732, el régimen simplificado, la facturación electrónica y que se garantice la disponibilidad del dólar, entre otros.

“Seguimos en emergencia y movilizados. Como hemos venido anunciando la marcha la iniciaremos el martes 11 a las 9:00 de la mañana, desde Patacamaya hacia La Paz exigiendo los puntos resolutivos que son del conocimiento de todos. Tenemos previsto ingresar (a La Paz) el día 17”, informó Edgar Álvarez, vicepresidente de la Confederación de Gremiales de Bolivia.

Por su parte, el presidente de la entidad gremial, César González, manifestó que ese mismo 17 de junio, y también el día 18, se llevarán adelante protestas y bloqueos a escala nacional que coincidirán con las del transporte pesado.

Finalmente, la noche del lunes en Santa Cruz de la Sierra un grupo de ciudadanos autoconvocados se manifestaron a través de un “cacerolazo” en contra del alza de los precios de la canasta familiar, la escasez de dólares y la venta irregular de combustibles en el país.

Una medida parecida se realizó por las calles de la capital cruceña en horas de la mañana. Activistas y representantes de plataformas de otros departamentos anunciaron que realizarán esta medida el martes 11 de junio a partir de las 10:00 de la mañana.

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