La vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Nacy Gutiérrez, presentó un proyecto de Ley para que se incorpore el debate político obligatorio para los candidatos a cargos públicos en el país.

Gutiérrez justificó que el objetivo es promover el derecho al voto informado para que los electores sepan por quién sufragar en las urnas.

"Se ha presentado un proyecto de Ley para modificar la Ley 026 del 2010 del régimen electoral para incorporar el debate político para la reflexión y deliberación de las propuestas programáticas de los candidatos a cargos públicos en elecciones", sustentó la vocal del órgano electoral que estuvo por Tarija.

La obligación es para los candidatos a presidenta o presidente, vicepresidente o vicepresidenta, gobernadores o gobernadoras, alcaldes o alcaldesas y concejales o concejalas. 

Con este instrumento legal, el Tribunal Supremo Electoral  pretende su aplicación para las elecciones generales y las subnacionales del 2025.

La vocal advirtió que en el proyecto de ley se establecen sanciones a los candidatos que incumplan, como la suspensión de la subvención estatal 

Gutiérrez junto a los vocales del TSE, Tahuichi Tahuichi Quispe y Gustavo Ávila, se reunieron anoche con periodistas y medios de comunicación de Tarija, para hablar sobre el ciclo electoral entre este año y el 2025, además de los acuerdos logrados en el encuentro multipartidario el pasado 10 de julio.

"Este órgano electoral tiene como política transparentar todos sus actos, no ocultamos nada y nuestras puertas están abiertas para que se informe la población sobre el padrón electoral y del proceso electoral", afirmó Tahuichi Quispe.

El vocal declaró que tras las elecciones judiciales de este año, el calendario de los comicios generales y subnacionales arranca en abril del 2025 para llegar al 8 de noviembre de ese año al cambio de autoridades electas.

Sin embargo, insistió que este año la prioridad del órgano electoral son las elecciones judiciales debido a que "nadie en el país quiere tener magistrados prorrogados".

El TSE, a través de este tipo de encuentros, pretende mostrarse como una institución garante de los derechos políticos y de la democracia en Bolivia.