La Sala Constitucional Segunda de La Paz admitió una acción de Amparo Constitucional contra el proceso de selección del fiscal General del Estado, que está en la fase previa antes de la designación final a cargo del pleno de la Asamblea Legislativa Plurinacional.  

Este recurso fue interpuesto el 8 de octubre por Porfirio Machado Gisbert, uno de los juristas que se postuló sin éxito para ser fiscal y previamente para ser nominado candidato al Consejo de la Magistratura.

El demandante señaló en su memorial que sus derechos y garantías habrían sido vulnerados por los miembros de la Comisión Mixta de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado de la Asamblea Legislativa Plurinacional, durante el proceso de preselección a fiscal.

La Sala Constitucional determinó que la audiencia virtual pública se lleve adelante a las 14:00 del 25 de octubre. En esa vista legal, un fallo podría frenar el proceso de selección a fiscal que debe terminar antes del 23 de octubre, el día que termina la gestión de Juan Lanchipa.

Legisladores demandados

“Se admite la presente acción de Amparo Constitucional interpuesta por Porfirio Machado Gisbert contra Roberto Padilla Bedoya, presidente de la Comisión Mixta de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado; Luis Adolfo Flores Roberts, secretario Comité de Justicia Plural y Consejo Magistratura”, señala el texto.

También están en la querella legal: Santiago Ticona, secretario Comité de Ministerio Público y Defensa Legal del Estado; Froilán Mamani Choque, presidente Comisión Justicia Plural; Estefanía Morales Laura, secretaria Comité de Jurisdicción Ordinaria; Honorio Chino Mamani, secretario Comité de Jurisdicción Indígena Originaria Campesina, Sarah Crespo Arce, vocal Comité de Jurisdicción Ordinaria y Consejo de la Magistratura; María Elena Pachacute Ticona, vocal Comité Jurisdicción Indígena Originaria Campesina; Miriam Martínez Menchaca, vocal Comité Ministerio Público y José Carlo Gutiérrez Vargas, vocal Comité Ministerio Público y Defensa Legal del Estado”, señala el NUREJ: 204187828 de la Sala Constitucional Segunda.

Los procesos de selección de altas autoridades del Estado han sido afectados por decisiones judiciales promovidas por las juristas que quedaron en el camino de los procesos de selección.

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